Los afectados por la Ley de Costas de Cabo de Palos y Guardamar Playa han hablado del "terror" y el "miedo" que sienten ante Costas del Estado, por posibles represalias, y han pedido a los diputados de la Asamblea Regional amparo como "grito de socorro" ante el "calvario" que están viviendo y las "enormes disfunciones del sistema legal" que están padeciendo.
La Comisión de Política Territorial, Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Asamblea Regional ha acogido este jueves la comparecencia de representantes de ambos colectivos, en relación con la Iniciativa Legislativa ante el Congreso de modificación de la Ley de Costas para permitir la pervivencia de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre.
En la Región de Murcia son 380 viviendas afectadas por esta norma en Cabo de Palos y Los Nietos, en el término municipal de Cartagena, así como en la playa de Nantes en Mazarrón y en Puntas de Calnegre en Lorca. En total, unos 2.000 vecinos que tratan de evitar que sus casas, algunas de ellas centenarias, sean derribadas.
El representante de la Asociación de Afectados de Cabo de Palos por la Ley de Costas, José Antonio Luque Torres, ha pedido a todos los grupos parlamentarios que busquen el consenso y dejen atrás sus diferencias, para poner fin al "drama y la tragedia" que están viviendo los afectados, algunos de ellos personas de avanzada edad o que no tienen recursos. "Hagan historia en la defensa de los derechos de los ciudadanos ante la Administración", ha suplicado.
Luque ha explicado su caso: en tres ocasiones han tratado de derribar su casa, y aunque ha conseguido demostrar que su vivienda es legal, no ha podido todavía obtener su propio expediente en Costas, un departamento que le negado información y que podría haber incurrido en "posibles prevaricaciones" por reconocer unos expedientes sí y otros no, ha apuntado este vecino, nombrado "Cartagenero del Año 2022".
Los terrenos en los que está su casa, que es su primera y única residencia, fueron puestos en venta por el Estado y adquiridos por sus antepasados a principios del siglo pasado, y ha lamentado que la actuación de Costas haya interrumpido la construcción del paseo marítimo de la playa de Levante justo en su vivienda.
"La gente que pasea se pregunta quién es este tío que tiene aquí en medio una casa, pero esa casa en los años 50 del siglo XX no interrumpía nada, porque la fachada marítima de la playa de Levante era completamente recta", ha explicado Luque, mostrando una serie de fotografías antiguas de la zona.
A su vez, ha criticado que desde la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988 "el 60% del litoral español se ha llenado de cemento y se han hecho auténticos disparates". "No es el caso de mi casa, ni de la playa de Levante de Cabo de Palos", ha remachado.
Por su parte, el secretario de la Asociación de Vecinos Guardamar Playa (Alicante), Manuel López Martínez, ha pedido un "cambio de concepto de la Ley" para que "no se nos vea como un problema, sino para poner en valor la fachada marítima tradicional", al estilo de Mikonos (Grecia) o Venecia (Italia), al tiempo que ha recalcado que "no somos okupas, ni terroristas ambientales, ni privilegiados, ni ilegales".
"Somos familias y personas de esta tierra y que amamos nuestro modo de vida", ha subrayado López, quien ha insistido en que "no somos el problema, ni queremos que nos señalen como culpables de algo de lo que somos víctimas". "Somos propietarios con nombre y apellidos, particulares angustiados, que estamos viviendo un suplicio", ha apostillado.
López ha defendido la necesidad de proteger las playas, pero ha negado que la Ley se sustente en la protección del medio ambiente. Así, ha desvelado que la proyección de subida del nivel del mar realizada por el propio Ministerio para la Transición Ecológica (MIteco) habla de 56 centímetros "en el peor escenario" en el año 2100, y ha recordado que la Ley de Costas "persigue a quien tiene una vivienda" pero actúa de forma "laxa" cuando se trata de explotación económica del dominio público marítimo-terrestre, permitiendo nuevas concesiones.
"Es una ley de confiscación, que no ha dado soluciones en estos 35 años en los que está en vigor y a ha destrozado a las familias" condenándolas a una "litigiosidad infinita", ha afirmado López, para quien esta normativa "busca la expropiación a coste cero", al no abrir el procedimiento constitucional correspondiente y pagar unas expropiaciones que serían "mil millonarias".
Finalmente, ha descartado la efectividad de la declaración de innecesariedad de los terrenos para el dominio público previsto en la Ley como fórmula para evitar los derribos, propuesta por la diputada del PSOE Carmina Fernández en su turno de intervención, ya que "no tiene traslado a casos reales", puesto que no se ha concedido ninguna de las solicitudes planteadas.
