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Sara y María, de Plena Inclusión, ayudan a personas con discapacidad intelectual a entender la Justicia: "Nos dan las gracias"

Las dos facilitadoras con las que cuenta en la Región de Murcia la red de organizaciones acompañan a sospechosos, víctimas y testigos con diversidad intelectual y del desarrollo para que puedan comprender bien en qué consiste el proceso judicial en el que se ven inmersos

Sara Gómez y María Sánchez, las dos facilitadoras con las que cuenta en la comunidad murciana Plena Inclusión.

«Todas las personas que trabajamos en Plena Inclusión Región de Murcia buscamos hacer la vida más fácil a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. En concreto, lo que nos mueve a los facilitadores es que las personas puedan ejercer su derecho de acceso a la Justicia en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad».

Así se expresan Sara Gómez y María Sánchez, las dos facilitadoras con las que cuenta en la comunidad murciana Plena Inclusión. Solo en 2021 estuvieron presentes en 11 procesos judiciales y ambas cuentan con documentos en lectura fácil adaptados para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.  

Tal y como explicaron desde la federación de asociaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral, el facilitador surge por la necesidad de explicar con un lenguaje más accesible la terminología jurídica, la cual no es sencilla para nadie, y se convierte en más compleja todavía si el receptor del mensaje tiene discapacidad.

Estas profesionales portan documentos escritos en lenguaje accesible. Plena Inclusión

De hecho, se ha dado el caso de sospechosos y condenados con con discapacidad intelectual, que cumplen pena de prisión, que se llegan a conformar en un juicio sin legar a comprender lo que se les estaba pidiendo o la pena que se les imponía.

"Les explicamos qué es un delito, qué es un abuso, cómo pueden poner una denuncia, etcétera"

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Sara Gómez y María Sánchez recuerdan que en 2018 se puso en marcha esta figura a nivel nacional y a la misma vez lo hizo en la Región, y destacan que «el facilitador tiene varios objetivos». 

«Por un lado busca sensibilizar a los profesionales de la Justicia y de los Cuerpos de Seguridad del Estado para que adapten sus protocolos a la hora de intervenir o interactuar con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo», detallan al respecto, para añadir que «también se busca acercar la Justicia a las personas del colectivo y a sus familias, explicándoles qué es un delito, qué es un abuso, cómo pueden poner una denuncia, etcétera».  

Para prestar su asistencia a las personas que lo necesitan, un servicio que es gratuito, «en principio debe llegarnos la solicitud», apuntan, y comentan que «como ahora mismo la figura no está reconocida jurídicamente, las peticiones nos llegan por diferentes vías». Plena Inclusión lleva mucho tiempo intentando que la figura del facilitador tenga un reconocimiento jurídico.  

Cuando Gómez y Sánchez reciben un caso, «realizamos una valoración de las necesidades de apoyo que va a precisar la persona a la que se acompaña y se ponen en conocimiento del abogado o abogada». «A veces los abogados ni siquiera saben que la persona a la que representan tiene discapacidad intelectual», hacen hincapié las profesionales. 

«A través del abogado, se solicita de manera formal la asistencia de la figura del facilitador en el procedimiento judicial. Luego vamos al procedimiento y nos aseguramos de que se lleve a cabo una comunicación eficaz, que todo se explique de manera que se pueda comprender», apuntan, para precisan que «también nos pueden solicitar asistencia desde el ámbito policial, sobre todo cuando la persona que necesita el apoyo es un testigo o víctima que tiene que declarar». 

Tienen claro Gómez y Sánchez que «lo importante es que finalmente la persona pueda tener las adaptaciones y los ajustes recomendados durante su proceso».

La importancia de formar

Las facilitadoras de Plena Inclusión tratan a diario con «personas que anteriormente habían pasado por procesos judiciales sin apoyo y que ahora nos dan las gracias porque lo han comprendido todo bien». «También es muy reconfortante ver cómo los profesionales del ámbito judicial y policial ponen todo de su parte e intentan hacer el proceso más accesible», comentan. 

«Imagina los nervios que se pasan en un proceso judicial», indican. «Vas un sitio al que no has ido nunca, con gente que no has visto antes y escuchas palabras que no has oído jamás». Algo que padecen personas con y sin discapacidad «y en todo ese proceso tienes que tomar una decisión importante sobre tu vida sin tener muy claro lo que está ocurriendo», manifiestan las expertas.

En este sentido, aseguran que «una de las cosas más reconfortantes de nuestro trabajo es que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo puedan tomar sus propias decisiones estando bien informados».

"A veces los abogados ni saben que su cliente es una persona con discapacidad"

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A la pregunta de si hay suficiente formación, en el ámbito de los jueces y los abogados, para tratar con personas con discapacidad, Sánchez y Gómez explican que «parte de nuestro trabajo consiste en sensibilizar e impartir formaciones a los agentes jurídicos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para conseguir que se mejoren los protocolos de actuación: cómo comunicarse para que les entiendan mejor, facilitarle materiales, etcétera». 

«Las formaciones son muy importantes, ya que muchos profesionales desconocen aspectos clave en materia de discapacidad intelectual y el entorno es determinante para facilitar o dificultar el desarrollo y la vida de las personas», hacen hincapié. 

Personas con discapacidad cumplen condena en las cárceles de la Región. A la cuestión de si dentro del penal hay servicios adecuados adaptados para ellas, las dos expertas especifican que, por ejemplo, «desde Plena inclusión Región de Murcia se ha elaborado cartelería con normas y horarios adaptados a lectura fácil para que todos los internos los puedan comprender». 

«Recientemente hemos mejorado la señalética del Centro de Inserción Social (CIS) Guillermo Miranda de Murcia y muchos residentes aseguran que han notado el cambio y que el edificio es ahora más accesible», puntualizan las facilitadoras. «Además, cuando desde el centro penitenciario detectan que la información no llega bien, nos suelen pedir que la adaptemos, como ya ocurrió con las llamadas a cobro revertido», recalcan.

Ya hay Juzgado de la Discapacidad

A finales del mes de marzo abría en Murcia el cuarto juzgado de Familia, especializado en Discapacidad, el cual «de momento lleva muy poco tiempo en funcionamiento y no podemos hacer un balance, pero desde luego que su creación es una noticia muy positiva», celebran las facilitadoras, que no tienen duda de que «su existencia va a favorecer nuestro trabajo y los procesos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias». 

En la Región «muchas personas han pasado por distintos procesos y en ninguno se le ha facilitado el apoyo que necesitaban para que tomaran sus decisiones con toda la información. Queda mucho trabajo, pero observamos que hay mucha voluntad por parte de los profesionales».

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