Más de un 70% de los internos que cumplen condena en cárceles de la Región «puede padecer algún tipo de trastorno mental del amplio abanico existente», explica a LA OPINIÓN el coordinador provincial de Acaip-UGT en Murcia y representante del sindicato en la prisión de Campos del Río, Juanjo Alcázar. «Hay estadísticas que calculan que el 40% de los casi 60.000 presos que albergan las cárceles españolas tienen alguna patología mental», añade al respecto el abogado murciano Francisco Adán.
A la pregunta de si los enfermos mentales que cumplen condena en prisión siguen algún tratamiento especializado, Alcázar manifiesta que «la teoría es que todo paciente que padece una enfermedad mental queda incluido en el programa de atención integral a los enfermos mentales en centros penitenciarios (Paiem); pero la falta de profesionales en todos los ámbitos, tanto el social como sobre todo el sanitario, hace que la atención no sea todo lo efectiva que debería ser».
En cuanto a si los funcionarios de prisiones de la Región tienen formación para tratar con presos enfermos mentales, el coordinador de Acaip-UGT responde que «poca o ninguna», ya que «la formación hace años que se dejó de lado y hay pocas iniciativas respecto a este tema».
Algo con lo que no está del todo de acuerdo Jesús Javier García, psicólogo en prisiones de la Comunidad desde 2008, que afirma que los trabajadores de los penales «tienen cursos información continuada respecto a resolución pacífica de conflictos y detectar personas en riesgo violento».
«Los funcionarios no tienen conocimientos sanitarios, pero sí saben de personas no adaptadas y en conflicto. En eso sí se les prepara», hace hincapié.
Los internos con enfermedades psíquicas son más propensos a meterse en peleas o a protagonizar conflictos «si no están debidamente tratados», apunta Juanjo Alcázar. A la cuestión de con qué frecuencia acude un psiquiatra a las prisiones de la Región, para atender a los presos que tengan problemas mentales, lamenta que «una vez por semana, en condiciones normales», al tiempo que asegura que este facultativo no tiene sustituto «cuando está de vacaciones o debe atender guardias en el hospital». «Claramente insuficiente», asevera.
En la actualidad, las prisiones españolas tienen establecidos equipos de Atención Primaria formados por médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería, y sus funciones se encuentran reguladas por la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP).
Sindicatos de prisiones en la Región llevan tiempo asegurando que faltan sanitarios tras los muros: las condiciones laborales y los sueldos, que no son especialmente altos, dan lugar a que pocos profesionales pidan trabajar en las cárceles. Tal y como publicaba recientemente LA OPINIÓN, sólo cinco de las diecisiete plazas de facultativos que hay en Sangonera y Campos del Río están cubiertas en la actualidad.
A finales del pasado mes de octubre se celebraba en Madrid el Congreso Nacional de los Sanitarios Penitenciarios (SESP), una especialidad que no pertenece al Sistema Nacional de Salud, sino que depende del Interior y que insiste en clamar por la falta de profesionales sanitarios en las prisiones. En la actualidad el 34% de las demandas de atención sanitaria dentro de los penales de España se debe a problemas de salud mental de la población reclusa, una patología que, según denuncia la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, va subiendo.
Dolencias que trajo la droga
Por su parte, el abogado murciano Francisco Adán apostilla que «una parte importante de los condenados son consumidores de sustancias estupefacientes y tienen graves adicciones y, derivado de ello, está la aparición de patologías mentales derivadas del consumo y que hacen necesaria la atención médica».
Desde su punto de vista, «es evidente que nuestro sistema penitenciario adolece de una gravísima falta de medios para atender las necesidades médicas de estos internos, que son enfermos y precisan de un tratamiento adecuado». «Consecuencia de esta falta de medios y la saturación de los servicios que ello conlleva, los profesionales sanitarios tardan días en atender a los internos, y debido a la saturación la atención no es desde luego la más adecuada», resalta el letrado.
Asimismo, destaca que «esta falta de medios llega a tal punto que el Observatorio de Derechos Humanos y Salud Mental y Prisión elaboró un informe en que indicaba que en las cárceles de la vecina Comunidad Valenciana no hay ningún psiquiatra, a excepción del psiquiátrico penitenciario de Alicante».
Adán recuerda que «en España hay solo dos psiquiátricos penitenciarios para los casos más graves, que son una minoría». «El resto de casos, y por supuesto mucho más numeroso, se tienen que atender por los profesionales sanitarios en la propias prisiones por facultativos médicos y Cruz Roja», resalta.
