Cuantificar qué cantidad de agua se ha empleado de forma ilegal o se ha sustraído de los acuíferos para este tipo de explotaciones es complicado, «ya que dada la modernización de regadíos realizada, las dotaciones ‘normales’ para otras zonas no son de aplicación en el sureste, y unido al hecho de que hay una amplia componente de hortícolas en el regadío, el consumo de agua depende de las rotaciones que se realicen en un año hidrológico», explican desde la CHS a esta redacción.
El organismo de cuenca espera que las previsibles multas que se puedan imponer en el caso de que se constate que no existen derechos para el uso privado del agua frenen intenciones entre quienes riegan sin tener permiso. Estas sanciones son «altamente disuasorias con cifras que pueden superar los cientos de miles de euros».
Las multas llegan a 0,8 euros por metro cúbico de agua empleado, lo que termina en elevadas multas ya que estos regadíos han podido estar en funcionamiento mucho tiempo. «Las denuncias que se realizan bien en prensa o en redes sociales o por nuestros propios agentes son objeto de un expediente que no siempre finaliza en sanción o multa, pues a pesar de esa alarma social en determinados casos cuenta con título habilitante para ello», precisan.
