La estrategia que están siguiendo tanto el SMS como las compañías aseguradoras ha ido en contra de los propios afectados, según denuncian los letrados Pedro García-Valcárcel y Miguel Cáceres, del despacho García-Valcárcel & Cáceres Abogados.
Estos profesionales afirman que las reclamaciones al SMS pueden tardar en resolverse entre 7 y 8 años en asuntos que deberían estar resueltos en 6 meses. «Se desestiman el 90 por ciento de las reclamaciones, en un procedimiento en el que el SMS se juzga a sí mismo», explica Miguel Cáceres en referencia a las reclamaciones por vía administrativa ante el propio SMS.
García-Valcárcel recuerda que en 2003 huían de la vía administrativa y «acudimos a reclamar a la jurisdicción civil por medio del derecho que concede el art. 76 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) al tercero perjudicado de demandar exclusivamente a la aseguradora de responsabilidad civil». El SMS tenía entonces contratada una póliza con Zurich y «planteadas las primeras demandas el éxito fue notable, pues se alcanzaron acuerdos con la aseguradora sin necesidad de juicio y aquellos en los que no lo hubo, se obtuvieron bastantes sentencias favorables para las víctimas».
Este abogado asegura que habían pasado «de un infierno en vía administrativa a la jurisdicción civil, donde nos encontrábamos en igualdad de armas procesales», pero esto «supuso un extraordinario problema para las aseguradoras, del que pueden dar fe Zurich, Berkley y Mapfre».
Por este motivo las pólizas dejaron de ser tan rentables, de ahí que en las sucesivas contrataciones «se incluyeran cláusulas tendentes a obstaculizar la vía civil para el perjudicado».
Miguel Cáceres apunta que «el colmo llegó en 2018, cuando se incluyeron una serie de cláusulas para derogar por la puerta de atrás el art. 76 LCS que concede al perjudicado el derecho a acudir a la jurisdicción civil, actuación impropia de una Administración Pública sometida al principio de legalidad».
Para el abogado esta estrategia ha sido exitosa al conseguir la práctica paralización de las demandas en vía civil durante casi 4 años ante la inseguridad provocada por la complejidad de las pólizas y la vuelta del perjudicado al redil de la vía administrativa. «Ya han conseguido disminuir la siniestralidad, ya son más apetecibles para las grandes aseguradoras a costa de los derechos de los murcianos», apunta.
Al tiempo que insiste en que «el problema fundamental no es que las aseguradoras no hayan pagado nada todavía, pese a haber recibido 22 millones en primas, ya lo harán. Lo reprochable y sucio es que los dirigentes del SMS han tenido la firme y decidida intención de sacrificar a los murcianos en beneficio de las aseguradoras».
Por su parte, García-Valcárcel destaca que en la valoración por el SMS de la oferta de Berkshire para optar al contrato de seguro «encontramos que se reconoce como mérito que la aseguradora aportó un ‘Protocolo para gestionar y mitigar el impacto de las acciones directas’. Una actuación para obstaculizar el derecho del perjudicado a ejercer su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva».
«El problema es que los responsables del Gobierno regional y del SMS han decidido bajar su siniestralidad y convertir el aseguramiento del SMS en un negocio rentable y apetecible para las grandes aseguradoras a costa de sacrificar el derecho del tercero perjudicado a acudir a los tribunales civiles.
