La nueva ley que obliga a las administraciones a reducir la tasa de interinidad en sus plantillas afecta sí o sí a la oferta de plazas que la Consejería de Educación tiene que sacar a concurso-oposición para maestros en la Región de Murcia. Este es el argumento de la Asociación de Interinos Docentes (Aidmur), que llevará al departamento de María Isabel Campuzano ante los tribunales si convoca un proceso selectivo u oferta de empleo público que no tenga en cuenta dicha ley aprobada a finales del pasado año. La idea sería ofertar solo 900 plazas, 340 menos de las previstas.
La Consejería quiere tirar de la tasa de reposición que engloba 439 plazas de las 1.240 que se pactaron con los sindicatos para las pruebas de maestro de este año, más otras 400 que prevé que quedarán libres este año por oposiciones. Sin embargo, no puede ofertar ni un puesto de consolidación porque entonces tendría que esperar al nuevo real decreto de ingreso en la función pública docente que el Ministerio de Educación está elaborando y que no se espera que esté hasta abril.
Para Aidmur, de ese total de plazas que se iban a convocar, 932 son de consolidación para interinos «y por lo tanto están afectadas por la ley de medidas urgentes». Educación alega que son 800 plazas pero la asociación cree que son más al sumar todas aquellas que «han estado ocupadas de forma ininterrumpida por interinos con anterioridad a enero del 2016», así como «todas las plazas estructurales que en la actualidad estén ocupadas por personas que hayan sido contratadas por la administración, en ese u otro puesto, antes de la misma fecha».
El concurso de méritos es la fórmula por la que se deberían convocar esas plazas que Educación reserva ahora a la espera de que el Ministerio resuelva el real decreto. Aidmur entiende que aunque la Consejería tire de la tasa de reposición de este año, solo se podrían ofertar con ese argumento un total de 308 plazas sin que se vieran afectadas por la ley de interinidad. Para llegar a 900, esas deberían convocarse con una nueva oferta de empleo público que no podría omitir la nueva legislación.
Esperar a otros años
La ley que el Gobierno central sacó adelante a finales de 2021 obliga a aprobar y publicar las ofertas de empleo relativas a estos procesos de estabilización antes del 1 de junio de 2022, y antes de que acabe el año las convocatorias de esas oposiciones deben estar oficializadas en los boletines autonómicos. Las administraciones tienen de plazo hasta diciembre de 2024 para llevar a cabo esos procesos selectivos.
Educación ya ha señalado que se deberá esperar a otros años, sin especificar más, para ofertar plazas de estabilización de interinos ya que este 2022 solo se publicarán puestos de reposición. Los sindicatos están llamados el próximo jueves a negociar la nueva oferta de empleo público, donde se tendrán que distribuir las 900 plazas entre las especialidades para maestro.
Reproches mutuos entre PSOE y PP a cuenta de los opositores
El diputado socialista Antonio José Espín ha acusado a la consejera de Educación, Mabel Campuzano, de romper los acuerdos con los sindicatos «con el recorte de más de 300 plazas para las próximas oposiciones» y al Gobierno regional de utilizar «la estabilidad laboral del personal docente para seguir confrontando con el Gobierno de España». Espín ha asegurado que la decisión se debe a que quieren «sortear la nueva legislación en materia de estabilización del personal interino» porque «no les interesa reducir la tasa de interinidad y esta decisión revienta las expectativas de miles de opositores y opositoras».
Ha expresado que el Gobierno de López Miras «ha vuelto a demostrar su nulo interés por acordar con los agentes sociales cuestiones de especial relevancia, como el plan de estabilización del personal docente». «Sin previo aviso, la consejera de Educación anunció a los sindicatos que rompía el acuerdo alcanzado con ellos en la Mesa Sectorial de Educación del pasado 24 de noviembre, reduciendo alrededor de 350 plazas la oferta para las próximas oposiciones de maestro en la Región de Murcia», ha recordado.
La diputada del Partido Popular, Inmaculada Lardín, ha respondido al PSOE que «el Gobierno regional da así certidumbre a los opositores» al no esperar al Real Decreto de ingreso en la Fundición Pública Docentem, frente a la inquietud que les ha generado el decreto del Gobierno de Sánchez». «Lo que se evita, además, es el ‘efecto llamada’ que habría provocado no adelantarse a la publicación de esta Ley». Ante esto, Lardín se pregunta de qué se extrañan los socialistas, «si hasta las comunidades gobernadas por el PSOE están provocando este adelanto porque saben que este decreto es un error, como todos los que salen de las manos del Gobierno de PSOE-Podemos», ha argumentado Lardín.
