La convocatoria de huelga anunciada por los letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, para el día 26 ha tenido, como se esperaba, importantes consecuencias sobre esta actividad en la Región de Murcia, tal y como auguraban los propios funcionarios, quienes reclaman que sus nuevas funciones laborales tengan una correspondencia con su salario. Así, en la jornada de hoy se han suspendido casi 700 juicios y comparecencias solo en la comunidad murciana, al faltar estos profesionales.

En concreto, juicios no se celebraron 186, y otros señalamientos ante el letrado de la Administración de Justicia 512, según las cifras de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia de Murcia (UPSJ).

El 90% de los antiguos secretarios judiciales, 133 en la comunidad murciana (113 en activo), secundaba el paro, según los datos que maneja la citada asociación UPSJ. Según el Ministerio, solo un 58,46% de los funcionarios en la Región apoyó el paro.

Mª del Mar Garcerán, delegada territorial de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia de Murcia, concretó que, de los 113 profesionales en activo, 102 han secundado el paro. "La huelga ha sido un éxito", sentenció, al tiempo que recordó que en sus gremio son profesionales "con mucha paciencia" que llevan más de una década ("trece años") aguantando injusticias.

Es la primera huelga contra la ministra Pilar Llop, que, aparte de política, es magistrada.

UPSJ convocó la movilización, a la cual se sumó luego la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ).

"En la Ciudad de la Justicia de Murcia capital se han suspendido todos los juicios, a excepción de los que eran servicios esenciales en el Juzgado de Guardia o alguna causa con preso", manifestó.

"Esperamos que el Ministerio de Justicia ponga una hoja de ruta, que negocie con nosotros", destaca Mª del Mar Garcerán

Sobre si habrá más acciones, apuntó que "nosotros esperamos que el Ministerio de Justicia nos llame". "No sabemos si va a ser una huelga de más días, indefinida... nosotros no queremos dañar el servicio público, queremos seguir seguir ejerciendo nuestra labor", manifestó Garcerán.

"Negociemos, tenemos la huelga y seguimos negociando", hizo hincapié, y añadió que "todos los letrados esperamos que el Ministerio de Justicia ponga una hoja de ruta, que negocie con nosotros".

Muchos de ellos se concentraban en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Murcia. Dentro, pasillos completamente vacíos y carteles en las puertas: "Los juicios señalados en esta Sala quedan suspendidos".

Salas vacías sin juicios por la huelga ISRAEL SANCHEZ

Y es que el paro supuso la imposibilidad de incoar demandas, la realización de embargos y de efectuar operaciones que tengan relación con la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales. Las subastas y adjudicaciones de bienes también quedaban paralizadas y los juicios fueron suspendidos por la inexistencia de garantías en su celebración ante la ausencia de estos letrados, según detallaron ya al anunciar la huelga.

Parón en Lorca

En los juzgados lorquinos se han suspendido la mayor parte de declaraciones y juicios, aunque muchas de las salas ante la previsión de huelga optaron por no realizar señalamientos en la jornada de este miércoles. Pasillos y salas vacías ha sido la tónica dominante en las tres sedes judiciales, la del Palacio de Justicia de la Plaza del Caño; la antigua Plaza de Abastos; y la calle Padre Morote. En este último juzgado, en el número 4, se llevaban a cabo servicios mínimos, ya que atienden los casos de violencia de género.

En el Servicio Común Procesal, en la calle Zorrilla esquina con Alfonso X el Sabio, también se han suspendido los otorgamientos de apoderamiento, ya que estos los realizan los letrados de la Administración de Justicia.

En los tablones de anuncios de los juzgados aparecían carteles en los que se anunciaba la huelga de letrados de la Administración de Justicia. Y se daba explicación sobre ella: “Por el reconocimiento de nuestro derecho a la negociación colectiva propia. Por la adecuación salarial reconocida en la Ley del Poder Judicial”.