La convocatoria de huelga anunciada por los letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, para el día 26 tendrá importantes consecuencias sobre esta actividad en la Región de Murcia, según advierten los propios funcionarios, quienes reclaman que sus nuevas funciones laborales tengan una correspondencia con su salario.
Por ejemplo, el paro que llevarán a cabo supondrá la imposibilidad de incoar demandas, la realización de embargos y de efectuar operaciones que tengan relación con la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales. Las subastas y adjudicaciones de bienes también quedarán paralizadas y los juicios deberán ser suspendidos por la inexistencia de garantías en su celebración ante la ausencia de estos letrados, según detallan al anunciar la huelga.
Las vistas tendrán que ser suspendidas al no haber garantías en su celebración, al no estar estos funcionarios
En el caso de la comunidad murciana, se calcula que se suspenderán más de 300 actuaciones judiciales, entre juicios y comparecencias.
Según detallan los afectados en un comunicado, «los letrados de la administración de Justicia que dirigimos los juzgados y oficinas judiciales iremos a la huelga el próximo 26 de enero porque así lo hemos decidido en la mayoría de las asambleas celebradas en todo el territorial nacional, ante los oídos sordos del Ministerio de Justicia el cual no nos ha dejado otra opción».
Destaca que «muchas son, por desgracia, las peticiones no atendidas que hemos dirigido al Ministerio de Justicia para dignificar este cuerpo y en consecuencia poder prestar un mejor servicio público al ciudadano.
Recuerdan los letrados que «la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2021 obligó al Ministerio de Justicia a negociar la adecuación salarial. Sin embargo, el Ministerio no ha atendido esa orden parlamentaria».
«Nuestra propia negociación»
«Conforme a la ley, somos directores de la oficina judicial, y, como tales, debemos tener el derecho reconocido a una negociación colectiva propia, representada por nuestras asociaciones profesionales, como ocurre con otros cuerpos directivos nacionales», hacen hincapié. «No nos sentimos representados por los sindicatos generalistas y las negociaciones que éstos dicen hacer en nuestro nombre, han sido perjudiciales para nuestro colectivo», lamentan al respecto.
Asimismo, remarcan que «de la mesa de negociación se extrae que, los que se sentaron en ella, no han hecho una defensa digna de nuestros intereses. Por ello, pedimos nuestra propia negociación colectiva.
Aunque en el Presupuesto del Estado de 2020 figuraba la promesa de incrementar sus retribuciones, no se ha hecho. También apuntan que «en el año 2009 asumimos un gran número de competencias procesales y organizativas que se han visto de nuevo incrementadas en el año 2015, en descarga de otros cuerpos».
«A mayor responsabilidad se nos prometió mayor salario, sin que hasta el día de hoy se haya cumplido dicha promesa a pesar de los sucesivos titulares del Ministerio que ocuparon el sillón desde el año 2009», subrayan.
