El derecho de un paciente a elegir si quiere o no seguir viviendo en casos muy concretos y cuando hay un sufrimiento al que no se le puede poner solución está a punto de convertirse en una realidad en España, aunque el tiempo que se ha dado para el desarrollo normativo y su aplicación resulta insuficiente.
La Ley de Eutanasia, aprobada por el Gobierno de España el pasado mes de marzo, ha puesto a las comunidades a trabajar a contrarreloj, ya que en sólo unas semanas se cumple el plazo de tres meses dado por el Ministerio de Sanidad a las autonomías para crear sus comisiones de Garantías y Evaluación, así como las guías de buenas prácticas, que son los órganos que deberán decidir si aprueban o no las solicitudes de los pacientes.
La propia ley orgánica define en su exposición de motivos que la eutanasia activa es la acción por la que un sanitario pone fin a la vida de un paciente de manera deliberada y a petición de este, «cuando se produce dentro de un contexto eutanásico por causa de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable».
En la Región de Murcia, la Consejería de Salud ya está dando los pasos para poder ofrecer la eutanasia a los ciudadanos que la soliciten en los próximos meses. Aun así, desde el departamento que dirige Juan José Pedreño recuerdan que cuando la ley estaba debatiéndose en el Senado, antes de ser aprobada, «el Consejo Asesor Regional de Ética Asistencial (Carea) ya advirtió de que el plazo que se da es insuficiente», una opinión que Salud comparte con las asociaciones de Bioética.
Pese a la falta de tiempo para el desarrollo de la norma y su aplicación al ámbito autonómico, nada más publicarse la Ley de Eutanasia, la Consejería se puso a trabajar para darle cumplimiento. Para lo que se ha creado la Comisión de Trabajo dentro del Carea, una comisión formada por juristas, especialistas sanitarios en Bioética, especialistas en Bioderecho y miembros de comités de ética asistencial de diferentes áreas de salud de la Región.
De los trabajos y deliberaciones de dicha Comisión saldrán las recomendaciones que el Carea pondrá en conocimiento de la Consejería de Salud para su aplicación a los profesionales y usuarios, y de los servicios jurídicos que tendrán que desarrollar normativamente los diferentes aspectos de aplicación de la ley.
Hasta el momento, en el ámbito jurídico, la Región de Murcia ya dispone del primer borrador para la creación de la Comisión de Garantía y Calidad, que «estará terminada en plazo», afirman desde la Salud.
A la vez se ha constituido la Comisión de Gestión para el desarrollo organizativo de la ley regional. En este caso, se han creado dos grupos: uno de ellos se encargará de los documentos que prevé la ley, como son el consentimiento informado y solicitudes, actualización de las instrucciones previas o voluntades anticipadas, mientras que el segundo grupo estudiará los asuntos relacionados con el médico responsable, médico consultor, registro de objeción de conciencia, farmacología, etc. Estos grupos se reunirán semanalmente y el pleno de la comisión de gestión lo hará cada 15 días.
Para poner en común las propuestas de las autonomías, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) celebró una reunión el pasado 10 de mayo y en breve tendrá lugar otra para estudiar el manual de buenas prácticas y sumar las propuestas que presentan las comunidades autónomas.
Expertos en Bioética consultados por esta Redacción coinciden en asegurar que el plazo de tres meses dado por el Ministerio y que vence el 25 de junio «es insuficiente» para poder ofrecer la eutanasia a los ciudadanos, ya que «queda por hacer un gran trabajo de base y formar a los profesionales» sobre cómo se llevará a cabo este proceso. «No sólo Murcia, ninguna comunidad va a llegar a tiempo de implantar la ley y menos en un escenario pospandémico como en el que nos encontramos», apuntan.
En este escenario ponen como ejemplo el caso de Australia, donde se necesitaron casi dos años para poner en marcha la Ley de Eutanasia.
El vicepresidente de la Asociación Española de Bioética Fundamental y Clínica, Javier Júdez, también sostiene que el plazo de tres meses «es inadecuado e imprudente», ya que hay que abordar cuestiones como los protocolos, la medicación que se va a usar, cómo van a funcionar los circuitos de farmacia, cómo se prescribirá, la objeción médica o del farmacéutico.
Además, explica que en el texto de la Ley de Eutanasia se menciona al médico como responsable, «pero hay que aclarar qué papel juega la enfermería, que también puede participar en el proceso administrando la medicación».
Júdez cree que ha faltado participación de las sociedades científicas y alerta del riesgo de que se produzca un problema de equidad al existir actitudes diferentes entre las comunidades.
