Ciudadanos ha dado el primer paso para desbloquear la crisis de gobierno. La formación naranja presentó este martes en la Asamblea Regional una reforma del Estatuto del Presidente que permitirá al jefe del Ejecutivo regional volver a presentarse como candidato en 2023. Sin embargo, al aplazar dos años su aplicación, seguirá en vigor durante la actual legislatura la norma que impide repetir a los presidentes con dos mandatos en el cargo, lo que cierra la puerta al adelanto de las elecciones. La modificación que Cs ha registrado en el Parlamento autonómico establece que no podrá ser elegido presidente de la Comunidad «quien hubiera ostentado el cargo durante al menos ocho años consecutivos».

Como en 2023 López Miras llevará seis años en la Presidencia del Ejecutivo ya no tendrá obstáculo para volver a encabezar la candidatura del PP.

A cambio, Cs espera que acometa la remodelación del Gobierno y atienda las aspiraciones de la nueva dirección regional que lidera la consejera de Empresa y portavoz del Ejecutivo regional, Ana Martínez Vidal.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Cs, Juan José Molina, precisó en un comunicado que la aplicación de la reforma se deja en suspenso hasta 2023 para dar «prioridad a la lucha contra la pandemia y la crisis socioeconómica a la que nos ha abocado», mediante «una ‘vacatio legis’ para que entre en vigor a partir del 1 de enero de 2023».

Si empezara a aplicarse ya, la convocatoria de elecciones anticipadas sería una de las bazas a las que podía recurrir López Miras si dejara de contar con el apoyo de Ciudadanos, dado que tiene 16 diputados en la Asamblea Regional y la mayoría absoluta requiere 23. Incluso contando con el apoyo de los cuatro diputados del Grupo de Vox, el actual jefe del Ejecutivo seguiría en minoría.

Por eso Ciudadanos ha tratado de bloquear la posibilidad de que su socio de gobierno adelante las elecciones autonómicas para tratar de conseguir una mayor representación en la Asamblea, en consonancia con las posibilidades electorales que le auguran las últimas encuestas.

La modificación del Estatuto del Presidente es una de las condiciones que López Miras planteaba a Ciudadanos para remodelar el Gobierno y realizar los cambios que exige la formación naranja.

Su pretensión era salvar la limitación impuesta por el expresidente Alberto Garre en 2014 para que pueda volver a presentarse como candidato a la Presidencia de la Comunidad, dado que en la anterior legislatura permaneció dos años en el cargo y lleva, por tanto, dos mandatos como presidente.

La reforma del apartado 2 del artículo 7 del Estatuto del Presidente elimina la referencia a los dos mandatos y establece que no podrá ser elegido presidente de la Comunidad «quien hubiera ostentado el cargo durante al menos ocho años consecutivos». Además, la iniciativa legislativa establece en una disposición final que la modificación no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2023, cuando el jefe del Ejecutivo lleve seis años en el cargo.

Por otra parte, la formación naranja anunció este martes que «tras el nombramiento de José Gabriel Sánchez Torregrosa como consejero de Transparencia, Ciudadanos dará un impulso al desarrollo legislativo de la Ley de Gobierno Abierto y Lucha Contra la Corrupción», que ya había aparcado dos veces desde que empezó la legislatura.

Las tensiones existentes en el Ejecutivo quedaron patentes ayer en la toma de posesión del nuevo consejero de Transparencia, que estuvo precedida de un duro pronunciamiento del consejero de Empleo, Miguel Motas, en defensa de la máxima responsable de Cs en la Región. Motas criticó las declaraciones del titular de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, quien había dicho que «el ruido» y «las incógnitas» sobre la remodelación pueden llevar al Gobierno a «despistarse de lo importante». «A la consejera de Empresa no le quedan horas en el día en las que atender sus responsabilidades», le espetó Motas.

Motas y Celdrán fueron, junto con Martínez Vidal, los únicos consejeros presentes en la toma de posesión de Torregrosa, aunque el titular de Hacienda se marchó nada más terminar el acto.

Por su parte, el Grupo Socialista considera «vergonzoso» que «el Gobierno regional esté más pendiente de sus luchas internas que de la ciudadanía, generando la mayor inestabilidad institucional en muchos años».