El Tribunal de Cuentas advierte de un sobrecoste de casi 7 millones anuales en el contrato de Lhicarsa

 El Gobierno ha querido recordar que “las conclusiones del Tribunal aún no son definitivas, y que se trata de observaciones provisionales que podrían variar tras las alegaciones y la aportación de más documentación por parte de los técnicos municipales, para lo que han solicitado una ampliación del plazo que termina el próximo 28 de septiembre”. 

Uno de los principales puntos conflictivos que ha desgranado este órgano contable es el de los 6 millones de euros anuales de gastos generales y asistencia técnica que percibe la empresa mixta, un 19% del contrato. Según refleja el informe, “este concepto no está previsto en el pliego de condiciones que rige el contrato” y en el expediente que se la ha remitido al respecto “no consta de ninguna documentación que detalle los gastos, ni de justificantes de la prestación de tales actividades de asesoramiento”. Ante ello, el Gobierno local “ha exigido a Lhicarsa conocer los detalles exactos de este procedimiento, ya que quieren saber con exactitud en qué se están gastando el dinero los cartageneros”, según ha explicado la alcaldesa, Noelia Arroyo. “Legalmente tenemos que concederle ese dinero, pero nos parece inmoral”, ha apuntado la regidora.

El Tribunal de Cuentas también ha puesto de manifiesto que FCC-Lhicarsa ha estado percibiendo ingresos que supuestamente no debía por la venta de subproductos procedentes del vertedero, como metales, compost, madera, muebles, plásticos o pilas. En concreto, casi 200.000 euros entre el 2014 y el 2016 que el Ayuntamiento no ha acreditado que hayan sido ingresados en las cuentas municipales. Desde el Gobierno están al tanto de esta irregularidad, “por lo que ha solicitado a la empresa que manifieste con exactitud cuál es la cantidad que ingresa a este respecto y cuál es la parte que debe percibir el Consistorio”. 

FCC-Lhicarsa, por su parte, asegura que percibe esos ingresos “extra” porque “los trabajos de separación de productos en planta que llevan a cabo actualmente le suponen unos costes que no estaban estipulados en el contrato inicial, vigente desde 1994”, según han explicado fuentes municipales.

Por otro lado, el Gobierno también ha reclamado a la empresa ciertos ingresos de la venta del biogás producido en la planta de El Gorguel. Desde 2012 el 80% de los beneficios han ido a parar a las arcas municipales y el 20% restante a la sociedad mixta. Sin embargo, según apunta el Tribunal de Cuentas, el 100% debería recaer en el Ayuntamiento. En total, desde la fecha indicada, la empresa ha ingresado en torno a unos 200.000 euros a costa del Consistorio.

El órgano fiscalizador también ha puesto en duda el ingreso de los dividendos del 2018 y 2019 en las cuentas municipales, cuantificados en 375.000 euros y 111.000 respectivamente. Desde el Gobierno aseguran que sí que se ha llevado a cabo, pero de manera compensatoria en función de lo que el Ayuntamiento adeuda a la empresa y viceversa. 

Prórroga de los contratos

El el portavoz adjunto de MC, Jesús Giménez, en referencia al informe, ha reseñado que "con el PP en el Gobierno no se ha hecho nada legal y la duración del contrato, que comenzó en los años 90, y las prórrogas son ilegales, además de contrarias a la libre competencia". 

Ahondando en esta cuestión ha explicado que "las prórrogas se fundamentaron en más de dos millones de euros en inversiones que no acredita el Ayuntamiento cuando se le requiere", situación que fue detectada por el técnico municipal en 2017 fruto del trabajo de fiscalización impulsado por MC desde 2015, algo que no evitó que la Asesoría Jurídica municipal determinara que "se siguiera pagando".

Fuentes municipales han apuntado al respecto que "el Consejo Jurídico no se se opuso a esta modificación de los contratos, ya que existe un interés público que la justifican". Sin embargo, han precisado que "sí existe discrepancia con la duración de dichos contratos, ya que no está del todo claro si finalizan en 2030 o antes".

MC exige “más información” y una Comisión de Investigación

MC ha solicitado por Registro toda la documentación que “se le está ocultando” al Tribunal de Cuentas: facturas y actas de las inversiones realizadas desde 2011 a 2020; las cuentas anuales de Lhicarsa desde 1995; la relación de trabajadores municipales que debían incorporarse al servicio de limpieza; la justificación de la asistencia técnica; los acuerdos municipales de revisión de precios de 2006 a 2011 y el justificante de los ingresos derivados del tratamiento y revalorización de residuos. Por ello, ha avanzado que "solicitará en el próximo Pleno una Comisión de Investigación para conocer el motivo por el que se oculta esta información y quién es el responsable".

La alcaldesa, Noelia Arroyo, considera que “no es necesaria una Comisión de Investigación, porque es el Tribunal de Cuentas el que debe tener la información y no la oposición, que solo quiere desgastar al Gobierno”.

En cuanto a la revisión de precios solicitada por la formación cartagenerista y cuya modificación por parte del Ayuntamiento respecto a las reflejadas en el pliego del contrato ha advertido el Tribunal de Cuentas, fuentes municipales han explicado que este cambio se llevó a cabo “bajo el interés del propio Ayuntamiento y no de la empresa, ya que la revisión que planteaba el pliego era mucho más costosa que la que se está llevando a cabo ahora”. 

Tres expedientes en curso

MC asegura que hasta su llegada al Gobierno, en 2015, no existía fiscalización del servicio de Lhicarsa, “ya que no había interés por parte de los políticos anteriores, todos del PP”. En este sentido, afirman que “el actual Gobierno ha recogido sus réditos para anunciar inversiones y ampliaciones de plantilla”. 

Por su parte, Arroyo ha querido matizar que “no ha sido gracias a ellos, que ni siquiera llegaron a presentar una denuncia”. Que “ha sido la actual Administración local la que ha garantizado la fiscalización”. En este sentido, ha apuntado que “desde 2019 han iniciado tres expedientes contra Lhicarsa”. En concreto, “una multa de un millón de euros, que han recurrido, por la utilización de medios y personal para fines ajenos a los del contrato; otra de 400.000 euros, ya cobrada, derivada el impago de tasas de vertedero por residuos de FCC que entraban como si fueran de Lhicarsa; y actualmente se está gestionando otra debido a que la sociedad no ha prestado el servicio de limpieza del litoral durante un periodo que aún se está determinando, pero que podrían ser años”, ha explicado Arroyo.