La concesionaria del autobús urbano, Transporte de Viajeros de Murcia (Travimusa-Latbus), presentó el 13 de mayo en el Registro General del Ayuntamiento un recurso de alzada para exigir al Gobierno municipal que le abone 2,6 millones en concepto de modificaciones del contrato de la concesión administrativa, más los intereses que la deuda genere.

Además, Latbus reclama el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión con un nuevo sistema de retribuciones que permitan, según el documento al que ha tenido acceso LA OPINIÓN, la viabilidad del servicio de transporte regular de viajeros en el municipio. El origen de esta deuda, según los documentos aportados por la compañía, se remonta al ejercicio 2007 cuando, unos meses previos a las elecciones municipales, el entonces concejal de Transportes, Antonio Sánchez Carrillo, solicitó a Latbus poner en marcha "de la manera más inmediata posible" las prolongaciones de las líneas 27 y 32, ampliaciones de las frecuencias en la 30 y 31, así como el inicio del servicio nocturno del Buhobús.

La prestación de estos servicios por requerimiento del Ayuntamiento, según consta en el recurso firmado por el consejero delegado, Ángel Jiménez, "ha generado una situación gravosamente deficitaria para Travimusa que el Ayuntamiento no ha compensado, a pesar de que se ha informado del mismo en repetidas ocasiones". Esta apelación es el último trámite que le queda a Travimusa-Latbus para agotar la vía administrativa después de varios años de reuniones, cartas e intercambios de documentos. Si el Ayuntamiento no responde, la concesionaria tendrá que recurrir a un contencioso-administrativo. Ante la negativa del actual concejal de Transportes, Antonio Castillo, a reconocer la deuda, Latbus eliminó estas mejoras y presta dichos servicios como se realizaba anteriormente.

El gerente de Latbus, José Luis Sánchez, señaló ayer que este asunto lleva su cauce y que forma parte de cuestiones internas de la concesión, por lo que prefirió no entrar a valorar la posibilidad de que el conflicto acabe en los tribunales. En el documento, de casi un centenar de páginas, figura la relación de miembros de la plantilla.