Más de 87.000 familias (que sumarían unas 270.000 personas) ocupan viviendas de manera ilegal en España, según el estudio La ocupación ilegal: realidad social, urbana y económica, elaborado por el Instituto Cerdà, que considera que los inmuebles con pisos ocupados pierden entre un 40 y un 60% de su valor.
«El desarrollo de la ocupación ilegal se explica por el incremento de la pobreza, la escasez de un parque de vivienda social y la existencia de un parque vacío de viviendas», además de «una legislación ineficaz y procedimientos administrativos muy lentos», según las conclusiones del estudio.
Entre el 40% y el 60% de las viviendas ocupadas ilegalmente realizan conexiones fraudulentas para conseguir suministros básicos como la electricidad, y la mayoría de edificios o pisos son «antiguos, inacabados o sin cédula de habitabilidad», porque este tipo de viviendas son más accesibles, prosigue el documento.
El estudio pone de relieve que las consecuencias de las ocupaciones ilegales son negativas para las familias, puesto que suponen vivir en condiciones de más insalubridad y estrés, pero también para las comunidades de vecinos, sobre todo si son ocupaciones conflictivas, puesto que incrementa la inseguridad y las molestias para las otras personas.
El informe subraya que los hogares sin ningún tipo de ingresos se han incrementado en un 76% desde 2007, y actualmente en España hay 630.000 familias en esta condición de pobreza severa, una cifra que ha remitido desde 2013, cuando se alcanzaron los 773.000. Los desahucios también han aumentado, y el estudio estima que se han multiplicado por 2,25 desde el año 2008.
