La reserva de agua de 6.000 hectómetros que Castilla-La Mancha pretende recoger en su Estatuto de autonomía se comería los recursos de la cabecera del Segura asignados a la cuenca y supondría "la eliminación de los regadíos históricos" de la Región y de la Vega Baja de Alicante, según recoge un estudio que la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) ha remitido al presidente Rodríguez Zapatero.
El informe, que ha sido elaborado por el director del Instituto Euromediterráneo del Agua de Murcia y artífice del Plan Hidrológico aprobado en 2001, Francisco Cabezas, junto a dos profesores de universidades de Valencia, concluye que la reserva propuesta como alternativa a la caducidad del Trasvase en 2015, recogida en el texto original del Estatuto, "debe ser descartada por razones técnicas y jurídicas".
Los catedráticos de Valencia Ignacio Morell y Enrique Cabrera han participado con Cabezas en el estudio, en el que se indica que la apropiación de los recursos de las siete cuencas que atraviesan territorio castellano-manchego no sólo privaría a Murcia y a Alicante "de cualquier aporte del Tajo, sino que les haría perder unos 250 hectómetros cúbicos de recursos de la cabecera asignados a la Vegas del Segura, lo que forzaría la eliminación de estos históricos regadíos". Estos 250 hectómetros cúbicos equivalen a los caudales que están llegando del Tajo en los últimos años para riego y abastecimiento, aunque la Ley fija los desembalses anuales en 600 hectómetros cúbicos.
La más perjudicada sería la cuenca del Júcar, que perdería 1.000 hectómetros cúbicos. También Andalucía y Extremadura perderían caudales del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir.
Los autores calculan que los recursos generados en Castilla-La Mancha se elevan a 7.000 hectómetros cúbicos por año, sumando las aguas superficiales y las subterráneas, mientras que las necesidades se cifran en 2.300, a las que añaden un déficit de 500.
Recuerdan que hay sentencias y disposiciones legales que impiden realizar reservas de agua indeterminada y que el el Supremo ya anuló una reserva inconcreta de 60 hectómetros cúbicos por año para usos genéricos en Castilla-La Mancha que figuraba en el Plan de cuenca. Advierten de que "no parece sostenerse en criterios ni técnicos ni en una verdadera demanda social", pero la consideran "inviable"
