Un millar de vecinos de las diputaciones cartageneras de Isla Plana y La Azohía han creado una plataforma para oponerse al pago de las obras de conexión al alcantarillado que se financiaron con fondos del Estado.
El ayuntamiento de Cartagena, que financia la red de saneamiento con fondos del Plan E (que proceden de la Administración central), anunció
la gratuidad de las conexiones, pero ha dado marcha atrás argumentando un informe jurídico que obliga a cobrar el coste de los trabajos, informó el concejal de Descentralización Nicolás Ángel Bernal en el último pleno municipal.
Los vecinos de estas diputaciones de la zona oeste de Cartagena han comenzado a recoger firmas y anuncian que recurrirán a los tribunales si
el Ayuntamiento no da marcha atrás en su decisión.
El portavoz de la plataforma vecinal creada esta semana, Juan Pedro Madrid, aseguró ayer que el proyecto de construcción del alcantarillado, ejecutado con cargo al plan E, incluye la financiación tanto de la red general como de las acometidas.
La formación política Socialistas por Cartagena (SPCT), a la que pertenecen los concejales no adscritos Juan Luis Martínez y Carmen Martínez, se han hecho eco de esta denuncia y recuerdan que, el equipo de Gobierno municipal «anunció a bombo y platillo que los vecinos de Isla Plana y La Azohía no tendrían que pagar la acometida de alcantarillado, ya que las obras que se están realizando con fondos del Plan E contemplaban esa partida presupuestaria», señalan en un comunicado. «Al poco tiempo, dónde dije, digo Diego, y se pasa de la gratuidad a una tasa de enganche de al menos 565 euros más IVA», añaden las fuentes citadas, que recuerdan que el equipo de Gobierno justificó su cambio de postura en base a un informe jurídico que obliga a los usuarios a pagar esa tasa e impide al Ayuntamiento eximirles de la misma. «La realidad es que hasta la fecha nadie conoce el informe jurídico y, según decreto de 19 de Octubre de 2010, se nos ha denegado la posibilidad de acceder a dicho documento», añadieron.
SPCT recuerda que el pasado lunes, en el pleno del Ayuntamiento «tanto el PP como el PSOE rechazaron la moción presentada por nuestra formación política para abordar este problema. En esta iniciativa se instaba al equipo de Gobierno del PP que, de confirmarse la existencia de este informe, de la que dudamos en vista de su negativa a mostrarlo, se le descuente al contratista el importe previsto en el proyecto en concepto de acometida, que se cifra en 219 euros por vivienda, y que dicho dinero se le descuente a los vecinos para que el coste de la acometida sea menos gravoso para sus economías».
SPCT advierte que de no existir dicho informe, «el equipo de Gobierno del PP podría estar engañando no sólo al Gobierno central que ha puesto la totalidad del coste de las obras, sino también a los vecinos que tenían derecho a la gratuidad de la tasa».
