Los médicos del Santa Lucía que atendieron a Sara Gómez tras la operación podrían ser imputados

La magistrada del juzgado de Instrucción de Cartagena que investiga la muerte de Sara Gómez, la mujer que falleció en enero de 2022 en un hospital de esa ciudad tras haber sido sometida un mes antes a una operación de lipoescultura, no descarta llamar como investigados a los facultativos de la sanidad pública que la atendieron en el Santa Lucía tras la operación en un quirófano de una clínica privada.

En un auto que estima en parte el recurso presentado por la defensa del cirujano que realizó la operación de cirugía estética, el letrado Pablo Martínez, la magistrada señala que esa decisión se tomará, "en su caso", con posterioridad.

Y añade que si finalmente se decide llamarlos a declarar como investigados será el momento para decidir si se lleva al proceso al Servicio Murciano de Salud (SMS) como responsable civil subsidiario, ya que esos facultativos son los que atendieron a la paciente en el hospital de Cartagena al que fue trasladada dado el grave estado en el que se encontraba tras la operación.

Demora asistencial

La petición hecha por la defensa trata de esclarecer si la actuación médica prestada en dicho hospital fue la adecuada y si pudo haberse salvado la vida de la paciente, ya que el informe de autopsia señala que existió una demora en la atención asistencial y que habría sido aconsejable realizar una laparotomía -apertura de la cavidad abdominal- a su llegada a ese centro para detectar la infección que luego se comprobó sufría y que acabó con su vida.

Sara Gómez se hizo una abdominoplastia y una liposucción a la vez menos de un año antes de la operación mortal

Y añade el informe de autopsia que el retraso de cinco días en la primera intervención quirúrgica practicada en el centro hospitalario tras la cirugía estética en la clínica, condujo a la producción de una peritonitis y a todas las consecuencias que era previsible que ocurrieran y que no se previeron el día de su ingreso "a pesar de los datos clínicos y de TAC que ya informaba de ello".

El juzgado ha admitido también la solicitud de Martínez para reclamar información a una compañía de seguros con el fin de determinar si la lipoescultura estaba asegurada, ya que la misma lo niega.

En esta causa judicial, que se tramita por un presunto delito de homicidio por imprudencia, figuran como investigados el cirujano que realizó la lipoescultura, J.A.M., y el anestesista que intervino en la misma, J.G.V.

Junto con esa causa, el juzgado ha cerrado la investigación de la que abrió para determinar si el anestesista pudo incurrir en un delito de falsedad, y en la que también figura como acusador particular, en nombre de familiares de la víctima, el penalista murciano Evaristo Llanos.

En ese otro procedimiento figura como investigado, además del anestesista, el también médico A.M.F., ya que la firma de este es la que figura en el informe de alta del quirófano, y que se considera que se hizo, presuntamente, porque el primero tenía declarada la incompatibilidad por el SMS para actuar en la sanidad privada.

En esa otra causa, la magistrada ha dado diez días de plazo a las acusaciones para que soliciten la apertura del juicio oral y presenten sus escritos con sus conclusiones provisionales o reclamen el sobreseimiento.