Un juzgado de Instrucción de Murcia ha llamado a declarar como investigados al delegado gubernativo de la plaza de toros de esa capital, al corralero y a otros tres empleados de la misma por el fallecimiento de un carnicero en los corrales del coso al ser corneado por el toro que trataba de apuntillar tras haber sido devuelto en la pasada Feria de Septiembre.

El juzgado admite la práctica de varias de las pruebas solicitadas por la viuda del fallecido, que ejerce la acusación particular a través del penalista murciano Evaristo Llanos.

Así, ha llamado a declarar en calidad de investigados a esas cinco personas para que declaren sobre su participación en las labores tendentes a apuntillar en los corrales a un toro que había sido devuelto por cojo en la corrida celebrada el pasado doce de septiembre.

Dentro de esos trabajos, resultó mortalmente cogido un carnicero que en otras ocasiones había ejercido como tal en el desolladero de la plaza de toros, pero que aquel día no desempeñaba esa labor, ya que había acudido a la Condomina junto con un hijo para presenciar la corrida.

Por circunstancias que se trata de esclarecer con ese procedimiento judicial, el fallecido accedió a los corrales con una puntilla y fue corneado en repetidas ocasiones en el vientre por el astado, para fallecer a los pocos minutos por el shock hipovolémico provocado por la hemorragia masiva que sufrió.

El juzgado, que ha citado a los cinco investigados para los primeros días del próximo diciembre, ha acordado también emplazar como responsables civiles subsidiarios a la empresa que explota el coso y al Ministerio del Interior, dada la condición de funcionario de la Policía Nacional del delegado gubernativo.

Además, ha reclamado el certificado literal de defunción del carnicero fallecido y ha pedido al Instituto de Medicina Legal de Murcia que le remita el resultado de la analítica de sangre efectuada al mismo.

Por otra parte, el auto declara que no ha lugar, "en este momento procesal", a la práctica de otras pruebas igualmente pedidas por la acusación particular, entre las que solicitaba otra imputación y la declaración como testigos de cinco personas, entre ellas, de la viuda.

La resolución judicial sí acepta la referida a esta última, que declarará en los próximos días durante una comparecencia en la que se le hará el ofrecimiento de acciones.

Estas diligencias judiciales se siguen, según se indica en las mismas, por un presunto delito de imprudencia grave con resultado de muerte, aunque la acusación particular considera que los hechos podrían ser calificados de un supuesto homicidio por imprudencia.