Natalia M.R., en prisión provisional por su presunta participación en el conocido como crimen de La Puebla, denunció por violencia de género al otro acusado y exnovio suyo, Agustín M.A., antes de que el cadáver calcinado de la víctima, pareja de la mujer en la fecha del asesinato, apareciese dentro de su coche en un bancal en verano de 2021

Esta denuncia, a la que ha tenido acceso La Opinión, se interpuso 53 días antes del asesinato de Juan Manuel R. y dio lugar a que Agustín fuese condenado por el Juzgado de San Javier a 40 días de trabajos comunitarios por un delito continuado de amenazas, en el ámbito de la violencia de género, por proferir, en Instagram, expresiones como: «Cuando lo vea solo, lo mato; me vas a buscar la ruina y te vas a arrepentir» o «me dan ganas de matarte por no estar conmigo, voy a ponerte una bomba en el coche»

En la sentencia, fechada el 3 de junio de 2021, la jueza de San Javier establece que Agustín tenga prohibido acercarse a menos de 300 metros de Natalia o comunicarse con ella por medio alguno durante dos años. El individuo se saltó esta orden de alejamiento: en agosto del mismo año, la misma jueza condenaba al sujeto por un delito de quebrantamiento de condena y le imponía una pena de cuatro meses de prisión. Esta sentencia es del jueves 19 de agosto: cuatro días después aparecía el cadáver calcinado de Juanma en el paraje de Los Maínes.

Apenas horas después del hallazgo del cuerpo, la Guardia Civil arrestaba a Natalia M.R., de entonces 18 años y vinculada sentimentalmente con la víctima mortal (aunque, según el hermano de Juanma, él la había dejado poco antes del crimen) y a Agustín M.A., el exnovio de la chica, al que ella denunció y sobre el cual pesaban los antecedentes por violencia de género. La jueza de Cartagena los enviaba a ambos a prisión provisional, como presuntos autores del crimen. 

La defensa de la joven, de la que se hace cargo el abogado Antonio Casado Mena, pidió que se uniese la causa por violencia machista que se sigue en el Juzgado de San Javier y el asesinato, pero la titular del Juzgado de Instrucción Nº3 de Cartagena, en un auto fechado el 7 de octubre, rechaza esta solicitud. 

En el auto, la jueza desestima lo pedido porque «los procedimientos penales en el Juzgado de Violencia de la Mujer de San Javier ya constan en la causa.

Sí acepta la magistrada que dos criminólogos se desplacen a la cárcel para hablar con la sospechosa y realicen «un informe donde se hagan constar todas las circunstancias y características relacionadas con la vida personal, social y coyuntural de Natalia, así como si se dan o no todas o algunas de las circunstancias que sobre los hechos imputan a la misma», como pedía Casado Mena.

El Colegio de Abogados no ampara a Casado Mena

En julio, Antonio Casado Mena, el letrado que defiende los intereses de Natalia M.R., pedía amparo al Colegio de Abogados de Cartagena porque consideraba que la jueza que se encarga de investigar el crimen «ataca mi libertad e independencia profesional, coartando el derecho de defensa que tiene mi patrocinada y no guardando la consideración debida a nuestra profesión de abogado».

El Colegio contestaba en un escrito que desestimaba la solicitud de amparo, ya que, tras analizar la situación y repasar escritos y grabaciones de lo acontecido en la sala de vistas, «entendemos que no se ha producido una merma en el ejercicio de la libertad e independencia del letrado ni consideramos que se haya coartado el ejercicio de la defensa activa llevada a cabo por el citado colegiado en la causa».