El cadáver calcinado de Juan Manuel R. era encontrado, hace cerca de un año, en el interior de su coche en un bancal de La Puebla, la localidad del Campo de Cartagena donde el hombre residía junto a su madre. Al poco del hallazgo del cuerpo, se arrestaba a la que había sido su pareja, Natalia M.R., y al actual compañero sentimental de ésta, Agustín M. A.

El hermano de la víctima contaba entonces a La Opinión que Juan Manuel llevaba meses recibiendo amenazas por parte de los dos sospechosos y que, la misma noche que fue asesinado, trató de telefonear a otro pariente, su hermana. «Mi hermana solo escuchaba: me están matando, me van a matar. Y pedía ayuda. Al poco tiempo dejó de hablar y solo se escuchaban los golpes», dijo.

Horas después del arresto, la titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Cartagena mandaba a prisión provisional a los dos detenidos, que declararon que no tuvieron intención de matar. Ahora, casi un año después de la muerte de Juan Manuel, el letrado que defiende los intereses de Natalia M.R. ha pedido amparo al Colegio de Abogados de Cartagena porque considera que esta misma jueza «ataca mi libertad e independencia profesional, coartando el derecho de defensa que tiene mi patrocinada y no guardando la consideración debida a nuestra profesión de abogado», tal y como se lee en el escrito presentado, al que ha tenido acceso La Opinión.

Este letrado, Antonio Casado Mena, explica al citado órgano que en mayo presentó dos escritos de nulidad de actuaciones, y que la citada jueza, en junio, dictaba dos autos en los cuales «interfiere de una manera patente en el ejercicio de defensa de este letrado, menoscabando mi honorabilidad profesional y por consiguiente, la del resto de la abogacía». En concreto, en los autos en cuestión la magistrada habla de «extrañeza» por « la presentación de un escrito por el letrado en nombre de Agustín M.A., cuando dicho letrado no asume la defensa de dicho investigado». «No sabe esta Juzgadora cual puede ser el motivo, pero se requiere expresamente al señor Casado Mena para que omita la presentación de escritos a nombre de Agustín, no solo para evitar que se vea afectado el desarrollo del procedimiento, si no por el respeto debido a la compañera que asume la defensa, que es también licenciada en Derecho, se encuentra colegiada, y por tanto es también letrada para el ejercicio de esta función», escribe.

«Nunca he presentado escritos en nombre de ningún investigado que no sea para el de mi defensa encomendada»

A este respecto, Casado Mena contesta que «nunca he presentado escritos en nombre de ningún investigado que no sea para el de mi defensa encomendada».

«Si por esta parte se hizo referencia a las declaraciones o derechos de ambos investigados y a la posible nulidad que entendíamos concurría de las mismas, fue simple y llanamente porque estamos ante defectos, como una nulidad, que pueden ser alegados por cualquier parte del procedimiento y por lo tanto, al igual que concurría en la persona de mi defendida, entendíamos que concurría en la persona del otro investigado, lo que obviamente no quiere decir, en ningún caso, que se quisiera asumir su representación», aclaraba al respecto.

Asimismo, prosigue el letrado, el día 12 de julio declararon de nuevo ante la jueza los dos sospechosos, y él pidió la nulidad porque no había presente un facilitador (profesionales que acompañan a sospechosos con diversidad intelectual para que puedan comprender bien en qué consiste el proceso judicial en el que se ven inmersos, y cuya presencia hay que solicitar) para asistir a Agustín, que es discapacitado.

La jueza entonces «me recrimina, de manera absolutamente descortés con gritos, palmas, cortando la grabación cuando a ella se le antoja sin cerrar debidamente la sesión», asegura Casado Mena, que también eleva su queja ante el Consejo General del Poder Judicial y pide a su Colegio que se lo digan al TSJ de Murcia, con el fin de que «se tomen cuantas medidas sean necesarias para que estos comportamientos no se repitan más».