Se atrincheró con sus dos sobrinos menores y dos adultos en una vivienda de Alcantarilla y amenazó con matarlos a todos con un cuchillo y una catana que portaba. Durante la operación para liberar a los rehenes, un policía resultó lesionado. Los hechos tuvieron lugar en noviembre de 2020 y llegan ahora a juicio.
Un hombre, cuyas iniciales son S.B., se sentará la semana que viene en el banquillo de la Audiencia Provincial de Murcia por cuatro delitos de amenazas, cuatro de detención ilegal y cuatro delitos leves de lesiones.
Los menores tenía 4 y 7 años respectivamente y estaban al cuidado de una amiga de la familia, ya que la madre estaba de viaje. S.B., "sin motivo aparente, se alteró y cogiendo un cuchillo amenazó a esta mujer y a los niños pasándoles la hoja por el cuello". La mujer llamó a su novio, el cual acudió al domicilio y también acabó amenazado. Y retenido contra su voluntad.
El sospechoso "les impidió salir cerrando la puerta con la única llave de la que disponían. En un momento de descuido del acusado consiguieron llamar a la Policía, que acudió al lugar sobre las dos de la mañana, negándose el acusado a abrir la puerta, a lo que fue requerido en varias ocasiones". Los agentes oían gritar a los niños que los iba a matar, así que tuvieron que dar una patada a la puerta para detener a S.B, quien recibió a los policías a patadas y puñetazos. El hombre fue arrestado. El cuchillo, decomisado en la cocina; la catana, dejado de una cama.
"El acusado, según informe médico forense, pudiera tener una enfermedad mental sin diagnosticar y dado su comportamiento durante la comisión de los hechos, se infiere una anulación de las bases psicobiológicas que rigen la imputabilidad para hechos como los de autos", detalla la calificación fiscal.
"Procede la absolución del acusado e internamiento en centro psiquiátrico por tiempo máximo de un año por cada uno de los delitos de amenazas, de cinco años por cada uno de los delitos de detención ilegal y de 1 año por el delito de atentado y en todos los delitos la medida de libertad vigilado por tiempo no superior a cinco años", considera el Ministerio Público.
