La frase ‘sin cadáver, no hay delito’ no es verdad: se puede condenar sin cuerpo, con un cúmulo de circunstancias culpabilizadoras o una prueba biológica, por ejemplo. La Audiencia Provincial de Murcia acogerá en diciembre el juicio contra un vecino de Cartagena, Agustín S. M., que se sienta en el banquillo acusado de matar a su novia, Lola Sandoval. Cuyo cuerpo aún no ha sido hallado por la Policía Nacional.

Pese a no haber restos mortales, el sospechoso está acusado de un delito de homicidio y de otro de profanación de cadáver, confirman fuentes judiciales. 

Lola Sandoval, en una foto difundida cuando se la buscaba. R.D.C.

A Lola Sandoval, natural de Cieza y madre de tres hijos («a los que amo y me aman con locura», escribía en su última publicación en redes sociales. Se le pierde la pista en la Navidad de 2018 en la ciudad de Cartagena. SOS Desaparecidos difundió la foto de la mujer y como fecha oficial de la desaparición puso el 25 de diciembre de 2018. Casi un año después, su compañero sentimental, Agustín, era detenido y confesaba ser el autor del crimen. 

La vista oral contra este sujeto será con jurado popular y está previsto que comience el día 13 del mes que viene

Profesionales de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía se movilizaban a Barrio Peral e inspeccionaban a fondo la vivienda en la que convivía la pareja, donde Agustín admitió haber descuartizado el cuerpo de su novia. Los investigadores hallaban restos de sangre, pero no el cadáver. Dar con el paradero de Lola dependía, casi exclusivamente, de la declaración del propio Agustín. Declaración que iba cambiando: si primero admitió haber asesinado, durante una pelea, a la que era su novia, luego alegó que se la encontró ya sin vida y se limitó a ocultar un cadáver. Que él no asesinó a nadie. 

Agustín, que ahora tiene 58 años de edad, estaba bajo custodia policial y cambiaba las versiones. Después de confesar el crimen, reculó y dijo que había encontrado muerta a la mujer en su casa, y que cogió una silla y descuartizó el cuerpo para que no le culpasen de su muerte.

En una de sus versiones, relató que desmembró a su pareja y la arrojó en bolsas a varios contenedores

También llegó a contar que, tras cortar en pedazos a su pareja, introdujo los trozos en la nevera, donde los tuvo meses. Después habría ido sacando las bolsas y repartiéndolas por distintos contenedores del municipio.

Una versión que se parece a la que daría, meses después, el presunto descuartizador de la vecina Comunidad Valenciana, Jorge Ignacio Palma, sospechoso de la muerte de la joven Marta Calvo e investigado por su implicación en la desaparición de otras chicas. Palma, como Agustín, también alegó que él no mató a nadie, pero que descuartizó los restos de Marta y los echó a la basura. 

Aunque esta versión de Agustín es algo que la Policía Nacional consideró, desde un principio, bastante improbable, dado que, en el vertedero donde van a parar los contenedores en los que el sujeto dijo haber dejado las bolsas, existe un protocolo de separación de residuos que hace que no sea posible que pase por ahí un cuerpo troceado sin que nadie se percate de ello. El juicio contra este sujeto será con jurado popular, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, porque es en la capital donde se celebran las vistas de violencia de género. En principio, se prevé que el juicio sea del 13 al 20 de diciembre.

Álvaro Ortiz, abogado. L.O.

Álvaro Ortiz, abogado, explica que «en nuestro ordenamiento jurídico penal no es imprescindible que aparezca el cadáver y se le practique autopsia para dictar una condena por asesinato u homicidio: lo fundamental es que el resto de pruebas acrediten la comisión del crimen, tales como restos de sangre, testigos, grabaciones… o la propia confesión».

Recuerda que «casos como el de Marta del Castillo provocaron la reforma de la ley», por lo que «no cabe ninguna duda de que en nuestro ordenamiento jurídico puede condenarse por homicidio sin aparecer el cadáver».

Pablo Martínez. L.O.

Apostilla el también letrado Pablo Martínez que « la jurisprudencia del Supremo exige en estos casos un plus de cautelas para que esas investigaciones finalicen en condena por el principio in dubio pro reo (en caso de duda a favor del acusado)». «Objetivamente, es más complejo condenar sin cadáver y sin las pruebas que derivan de él, empezando por la autopsia, que determina con mucha precisión la causa, data y circunstancias de la muerte», precisa. 

«Estas pruebas suelen llevar a completar las investigaciones y relacionar la muerte con el autor, sin ellas se dificulta la investigación. También sin cadáver se impide saber si hubo ensañamiento u otras circunstancias», comenta el abogado murciano. 

«Si no lo hay y se puede probar que la muerte ocurrió, el siguiente paso es relacionar el hecho con el presunto autor. Ejemplos hay muchos, empezando por Ramón Laso, el primer condenado sin cadáver. Con que exista la oportunidad y el móvil , si no hay circunstancias que justifiquen la desaparición, junto con un buen elenco de indicios, hay base suficiente para ir a juicio», remarca.

Como Marta del Castillo y Marta Calvo

El crimen de Marta del Castillo, perpetrado por Miguel Carcaño el 24 de enero del 2009 (el chico fue condenado por ello a 21 años) es uno de los casos en los que hubo sentencia sin haber cuerpo. 

El padre de la joven, Antonio del Castillo, daba hace unos días una entrevista y declaraba: «No creo que Miguel Carcaño haya matado a Marta». El caso volvía a estar recientemente de actualidad por un documental de Netflix, gracias al cual se ha descubierto que la geolocalización de los móviles no fue investigada.

Este mismo año, Antonio del Castillo, que cree que el verdadero criminal fue el hermano de Carcaño, recibió un anónimo indicando respecto al cadáver un lugar en el entorno de unos de los puentes que cruzan el Guadalquivir en el término municipal de La Algaba. 

Marta Calvo y su madre, Marisol Burón. EFE

Marisol Burón, la madre de Marta Calvo, recibía este mismo mes el apoyo de Antonio del Castillo a las puertas del Congreso, donde registró la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca la aprobación de un nuevo delito en el Código Penal: el de ocultación de cadáver tras el asesinato que, a su juicio, debería estar penado con entre 6 y 10 años de cárcel.

Ella mandó la ubicación a su madre (en Manuel, un pueblo de Valencia) y nunca regresó. A la joven se le perdió la pista hace dos años tras quedar con un hombre que resultó ser el presunto asesino en serie Jorge Ignacio Palma, ahora mismo acusado de 11 asesinatos, tres de ellos consumados (los de Marta Calvo, Lady Marcela Vargas y Arliene Ramos) y otros 8 en grado de tentativa.