¿En qué nos afectará el resultado de las elecciones catalanas? / Preparen las carteras

La política territorial del Estado de las autonomías es un juego de suma cero, de tal manera que si una comunidad acapara una porción mayor de la tarta presupuestaria, es inevitable que las demás reduzcan su parte de manera proporcional. A estos efectos, cualquier negociación bilateral entre el Estado y una comunidad autónoma implica una modificación (a la baja, claro) de la situación financiera de las comunidades restantes, porque el dinero a repartir no crece espontáneamente según exijan los enjuagues políticos del Gobierno con los Ejecutivos regionales. El dinero recaudado en España es el que es y, si alguien acapara más de lo que le corresponde, otros perderán esa cuantía de sus aportaciones anuales.

Siendo esto así, resulta evidente que el resultado de las elecciones autonómicas de Cataluña, más tarde o más temprano, va a afectar al resto de España. No tendría que ser necesariamente así si hubiera un Gobierno nacional sólido con una mayoría parlamentaria estable. En la situación actual, sin embargo, la precariedad política de Sánchez hace que tenga que cumplir todas las exigencias de sus socios si quiere mantener a flote la legislatura, en última instancia lo único que le interesa.

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El pacto firmado por el PSOE con Junts ya avanzaba ciertos aspectos referidos a la financiación de la autonomía catalana en detrimento de la igualdad de todos los españoles, un factor que debería ser medular en cualquier negociación presupuestaria. Sánchez no tiene escrúpulos y es capaz de hacer todo aquello que negaba taxativamente antes de que las elecciones generales del 23-J lo convirtieran en un paria necesitado del voto de las organizaciones independentistas para mantener el poder. Un presidente que hace una ley de amnistía para beneficiar personalmente a los políticos que lo chantajean no va a tener ningún problema en aumentar las aportaciones del Estado a la Generalidad, o al País Vasco, una cuestión menor comparada con lo anterior.

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Cataluña tendrá más dinero del resto de comunidades autónomas para que los dirigentes separatistas financien sus tropelías, eso es algo evidente que deberíamos asumir como un hecho inevitable. La clase política catalana, sin excepción, está acostumbrada a esquilmar al resto de España, y no va a renunciar a ese privilegio infame que sus miembros asumen como un derecho fundamental. Luego irá el referéndum de determinación acordado con Sánchez y, eventualmente, otra declaración de independencia, pero no antes de vaciar todavía más el bolsillo del resto de españoles, obligados a pagar la fiesta independentista de una tropa de impresentables que, en cualquier otro país, estaría en prisión cumpliendo penas elevadas por haber protagonizado una intentona golpista.

Total, que vayamos preparando la cartera, porque a Puigdemont y a Junqueras no se les contenta con calderilla. Dejamos aparte el factor Illa, en última instancia un peón del sanchismo que hará lo que se le ordene, aunque solo sea para que el PSOE lo siga manteniendo al margen de sus responsabilidades como ministro de Sanidad, cuando desaparecieron más de 200 millones de euros en compra de material sanitario inútil, con un coste abusivo del que se beneficiaron determinados intermediarios bien relacionados con la cúpula socialista.

No sabemos quién acabará siendo presidente de la Generalidad, o si tendrán que repetir las elecciones regionales. Lo único cierto es que, de una u otra forma, lo vamos a pagar.

En cuanto a la pura política, el resultado de las elecciones catalanas es el salvoconducto para que los gobiernos regionales del PP, como el de Murcia, continúen con la matraca de que Sánchez y sus socios nos roban, salvoconducto perfecto para no asumir responsabilidades de gestión después de casi 30 años dirigiendo el cotarro.

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