Ética judicial

La Comisión de Ética Judicial, la misma que aconseja a los jueces no ir a manifestaciones, hablar de asuntos que lleven entre manos y posicionarse políticamente, acaba de dar el visto bueno (menos mal) a algo que vengo hablando y reivindicando desde hace tiempo en este periódico y en Radio Murcia: luchar por la independencia judicial. Esa comisión, que es un organismo independiente de los órganos de gobierno del Poder Judicial, compuesto por seis miembros de la carrera judicial (elegidos directamente por los jueces y magistrados) y por un académico experto en ética o filosofía del derecho, y que tiene como función orientar sobre la interpretación de los principios de ética judicial, acaba de decir lo siguiente: los jueces pueden asistir a concentraciones contra actuaciones políticas si consideran en peligro el Estado de Derecho y la independencia de la justicia. Cada juez debe hacer una reflexión profunda y sincera para dirimir si su participación en este tipo de actos obedece a esa razón profunda y no a su personal simpatía o antipatía con una ideología política. 

Todo ello nace como consecuencia de las críticas recibidas, esencialmente desde la extrema izquierda, a aquellos jueces que se manifestaron ante las sedes de los órganos judiciales en contra de la ley de amnistía y otras actuaciones gubernamentales.

Decía, que menos mal que no me ha cogido a trasmano esta autorización, consejo o como se quiera denominar a esa resolución de la Comisión de Ética Judicial, porque eso mismo es lo que llevo haciendo mucho tiempo públicamente. Mi convencimiento honesto, meditado y sincero, es que el Estado de Derecho está en peligro. En 45 años de juez jamás he visto tanta invasión del poder político en el poder judicial. Mis argumentos son tan sencillos como los siguientes: uno, que alguien que está fugado de la justicia, en lugar de colaborar con esta, sea aplaudido por algunos políticos, y no solo eso, que le visiten en el lugar de su fuga reconociendo la validez de sus actos y haciéndose fotos entre risas. Aún más, le hacen árbitro de las decisiones políticas de nuestro país al que aborrece. El broche de oro es que se le da todo lo que exige, sin ningún tipo de pudor. No es entendible que alguien que es un presunto delincuente redacte la ley que le exima de sus delitos. 

Dos, en el Parlamento español (donde manda él, sin querer ser español y sin poder pisar España) sus portavoces llaman a jueces con nombres y apellidos delincuentes, al igual que los herederos políticos de los otrora asesinos, sin que pase nada. Ni el fiscal general del Estado (ese que tiene en contra a la mayoría de los fiscales) interpuso una querella inmediatamente por injurias y calumnias o por ataque a la independencia judicial, ni la presidenta del Congreso de los Diputados dijo nada, permitiendo ese ataque frontal y directo a un poder del Estado. 

Tres, como la mujer del César, tanto los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los jueces del Tribunal Constitucional y el fiscal general del Estado deben no solo ser sino también parecer independientes antes los ojos del pueblo, que es de donde emana la justicia.

Por eso entiendo que el Estado de Derecho está en peligro. El ejecutivo está invadiendo las competencias del Poder Judicial desde el mismo momento que a una persona que la busca un poder del Estado es amparada por otro poder, que le da cobertura y hasta le hace redactor de su amnistía, aún a sabiendas (porque se hartaron de repetirlo antes de las elecciones generales) de que la constitución prohíbe los indultos generales y, por ende, lo que es más que eso, como es una amnistía

Como la judicatura tiene el deber de ser políticamente neutral, pero a su vez, tiene la obligación de defender la democracia, bajo mi sincero convencimiento - como exige la Comisión de Ética-, lo que está pasando en España puede afectar al Estado de Derecho. No sería nada ético que callando otorgue una colaboración necesaria o una mera complicidad, con unas actuaciones que, en mi opinión, son antidemocráticas y peligrosas para el equilibrio de los tres poderes del Estado de Derecho. Y no lo hago por sintonía o antipatía con una determinada ideología política -como prohíbe esa Comisión-, sino por mi deber ético de manifestarme públicamente reprobando actos contrarios al Estado de Derecho.

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