'La amnistía es lo de menos', por Ángel Montiel

Lo de menos es la amnistía. Lo de más es todo lo demás. Primero, se trata de una medida de enorme trascendencia política que no sólo no ha pasado por las urnas, sino que en la limitada medida en que lo ha hecho ha sido negada insistentemente por el propio candidato socialista a la presidencia del Gobierno, que hace un cuarto de hora la consideraba inconstitucional. Podríamos hablar, por tanto, de fraude electoral.

Segundo. La justificación oficial: se vende como un paso para avanzar en la convivencia. Falso. Es obvio que la razón es muy otra, y es que resulta la condición necesaria de dos grupos minoritarios para la investidura de Pedro Sánchez. Extraña manera de procurar la convivencia la que consiste en querer apaciguar al independentismo a costa de excitar a una gran mayoría del resto de españoles sin lograr tampoco lo primero, pues la amnistía, en la concepción proclamada por los dirigentes de ERC y Junts, es sólo un jalón que tiene como siguiente escala el referéndum de independencia.

Tercero. Se argumenta que responde al dictado de las urnas. Falso, pues ni siquiera se compadece con el último escrutinio electoral en Cataluña. El 23J, los partidos independentistas sufrieron un descalabro sin precedentes y vieron reducida su representación a la mínima en relación a anteriores convocatorias. Va a ocurrir que quienes perdieron en su propia plaza, en la práctica han ganado, es decir, son decisivos en el resto de España. Por otro lado, tanto la Diada del 11 de septiembre como la conmemoración del 1 de Octubre recibieron un escaso respaldo popular en Cataluña. Así, lo que todas las señales establecían como apaciguado está siendo revitalizado por la amnistía, de tal modo que ésta contribuye a lo contrario de aquello para lo que se justifica.

Cuarto. Medidas de este calado, que cuestionan peligrosamente la letra y el espíritu constitucional, no deben tomarse de parte, y menos en un país que el 23J quedó dividido en dos bloques prácticamente equivalentes, incluso con la victoria en votos y escaños del partido que lidera la oposición frente a la alianza con los independentistas del que quedó segundo. Es legítimo que, si no se dispone de mayoría absoluta, gobierne quien disponga de más aliados, pero también sería prudente que iniciativas de gran calado como la amnistía, de ser practicable, se plantearan por consenso, so pena de poner a la mitad del país en contra en una cuestión tan nuclear.

Quinto. El perdón que significa la amnistía debiera conllevar un propósito de enmienda de los beneficiarios, condición que estaba en el origen político de esta categoría allá por la Grecia clásica. A la vista está que tal característica no se contempla, sino que, por el contrario, tanto ERC como Junts persisten en repetir las acciones que provocaron las actuaciones judiciales a no ser que se les facilite el referéndum por vía legal, tal como se sugiere en el acuerdo del PSOE con Junts, en las declaraciones de los portavoces de aquellos partidos y en la pregunta con que Junts consulta a sus militantes.

Sexto. Es algo peor que chocante que quienes se proponen beneficiarse de la Ley de Amnistía participen activamente en la redacción de la misma, lo que es tanto como admitir que los delincuentes establezcan los marcos legales sobre las actividades con que trasgreden la legalidad.

Séptimo. La inclusión entre los amnistiados de personas que no sólo se saltaron la ley con una intencionalidad política, sino que también malversaron los fondos públicos o provocaron desórdenes (eso que llaman el perímetro ancho de la amnistía) supone marcar un espacio de impunidad para la corrupción y la violencia reservado estrictamente para la clase política y los activistas movilizados por ella mientras el conjunto de la población, que paga sus impuestos y se atiene a las leyes, contempla estupefacto la autoprotección de la élite dirigente.

Octavo. Es absolutamente contradictorio indicar que esta operación se desarrolla por el bien de una política social avanzada que se supone que corresponde a un Gobierno progresista. Y es que difícilmente puede plantearse una política social cuando se prima económica y financieramente a dos o tres Comunidades del Estado sobre todas las demás, generando así una desigualdad territorial que inevitablemente concluye en desigualdad social. Nunca será democrática una política en la que el fin justifique los medios.

Noveno. No hay manera de entender que se hable de pacto cuando lo firmado por el PSOE no corresponde ni técnica ni conceptualmente a ese término. Pactar significa ceder por las diversas partes, y no hay una palabra en los textos compartidos con ERC y Junts que permita considerar cesiones de éstos respecto a lo que constituyen sus reivindicaciones, mientras la política que se atribuye tradicionalmente al PSOE queda totalmente trastocada. No son pactos, son trágalas: te facilito la presidencia a cambio de que desde ella ejecutes mis políticas.

Décimo. No cabe entender que la constitución de un Gobierno progresista se sustente en partidos de derechas: el democristiano PNV, es decir, la derecha más paternalista y rancia, y Junts, la más liberticida, ambas tenidas, incluso en sus símbolos, como identitarias del Estado que pretenden para sus territorios, es decir, autocráticas: partido, Gobierno y Estado, la misma cosa bajo un barniz de apariencia democrática.

La trampa infernal en el debate sobre la amnistía es que no parece quedar espacio para establecer reparos a este proyecto, ya que la oposición al mismo se ejerce desde el tremendismo del PP y el manifiesto fascismo que colorea las manifestaciones promovidas por Vox y sus satélites

Hasta aquí, algunos apuntes tan básicos como esenciales de lo que podía considerarse razonable para contraponer a las consignas sobrevenidas por los famosos cambios de opinión de Pedro Sánchez. Pero hay aspectos de la cuestión que van más allá de lo que anotamos como razonable para pasar a ser intolerable.

Primero. La llamada compra del relato independentista. Todo lo que aparece en los pactos redunda en contra de la posición del Estado cuando la proclamación ilegal de la independencia, incluso de las decisiones que mantuvo entonces el propio PSOE. La derivada de que el poder legislativo pudiera revocar sentencias judiciales y, en extremo, detectar prevaricación en los jueces que se han empeñado en cumplir con su deber afrontando gravísimos acosos, es indignante. En el fondo, es la penúltima fase de la ocupación del poder judicial por el político, en el que la guinda pudiera consistir en que la presidencia del Constitucional recaiga en un hombre de Sánchez, Conde Pumpido, quien tendría la misión de legalizar este artefacto, de ahí las llamadas constantes desde el PSOE al PP para que éste acuda al Constitucional. Por esa regla de tres podríamos llegar a justificar, sin exageración alguna, los crímenes de ETA como inevitables ante la represión del Estado. No es preciso dramatizar para entender que la inclusión del concepto ‘lawfare’ subvierte el orden constitucional por la puerta de atrás, y nos acerca a Polonia y a Hungría, e incluso a las maniobras de Netanyahu para hacerse también con el poder judicial en Israel.

Y segundo, la sumisión de lo pactado a la validación de un relator internacional o cualquier término eufemístico que se sugiera, lo que pone al Gobierno de España a examen mensual en territorio extranjero acerca del cumplimiento de sus compromisos con partidos catalanes que se arrogan la representación de Cataluña como si de un Estado equivalente se tratara, algo propio de los conflictos armados.

El problema central es que cuando se aceptan estas cosas no hay vuelta atrás, pues se relativiza para siempre la razón constitucional provocando así la vulnerabilidad del Estado democrático, puesto a revisión por unos delincuentes que se absuelven a sí mismos y se instalan en la unilateralidad mientras en el resto de Comunidades nos convertimos en espectadores del tocomocho. Aunque todo este desaguisado acabara fracasando, los pasos que se han dado dejan una huella difícil de borrar. A partir de aquí todo es posible.

La amnistía, decía al principio, es lo de menos. Se trata de una medida política que, adoptada con el máximo consenso y si tuviera encaje constitucional, podría justificarse acompañada de una rectificación de los afectados. Lo peor es que, aparte de todas las incongruencias con que el Gobierno la justifica, conlleva de manera explícita la sumisión del Gobierno español al control de terceros y la criminalización de los jueces a criterio del poder legislativo, que es a su vez subsidiario del ejecutivo, y éste de los partidos.

La trampa infernal en este debate es que no parece quedar espacio para establecer reparos a este proyecto, ya que la oposición al mismo se ejerce desde el tremendismo del PP y el manifiesto fascismo que colorea las manifestaciones promovidas por Vox y sus satélites. Es así como la deriva del PSOE se refuerza, olvidando aquello que Machado, Antonio, puso en boca de Juan de Mairena: «La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero».

Pero los artificios políticos acaban cayendo por su propio peso. Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. El problema, insisto, no es la amnistía en sí misma, sino su concreción en los términos de lo pactado. Podríamos resumirlo: amnistía, sí, ¿por qué no? pero así no. España no se romperá, no hay cuidado; se viene rompiendo desde Felipe II, y vamos tirando. No hay nada inamovible, inmutable, pero esto es una chapuza a mayor gloria de un político que al final ha acabado reproduciendo su propia caricatura. Es una pena tener que admitirlo, pero así es.

España no se rompe, pero del PSOE no me atrevo a decir lo mismo. Los primeros que lo celebrarán serán sus actuales socios. Ya se verá.

Bendita la amnistía que nos trae la quita de la deuda

Suscríbete para seguir leyendo