Murcia y el capitalismo de la vista gorda

Anda por Argentina un tipo llamado Javier Milei, al que se califica como ‘anarco-capitalista’, que puede ganar la presidencia en las próximas elecciones que se van a celebrar en el país americano. Propugna, sin complejos, que el Estado prácticamente desaparezca (salvo en sus funciones represivas), de modo que absolutamente todo estaría privatizado y las empresas, en su desarrollo, no estarían sometidas a regulación alguna, por cuanto ello ‘inhibe la creación de riqueza’. Es decir, los ‘emprendedores’ no estarían constreñidos, en su afán por prosperar, por normas, sean éstas de carácter ambiental, fiscal, de seguridad o laboral. En definitiva, volver, como poco, al siglo XIX.

Todos y todas sabemos que éste es el sueño húmedo de una parte de la clase política de este país, aquella ubicada entre la derecha extrema y la extrema derecha. Ocurre que en Europa, cuna del Estado del Bienestar(ya en franco retroceso), existe una cultura social que hace difícil la implementación de este proyecto distópico en su grado más elevado. No obstante lo cual, desde hace décadas, particularmente en dos comunidades autónomas, Madrid y Murcia, se producen serios intentos, merced a la hegemonía reaccionaria imperante en ambos territorios(en nuestra región avasalladora) para avanzar hacia una desregulación lo más intensa posible de la actividad empresarial. El objetivo es que el campo de los derechos se restrinja hasta el punto de que sólo quede uno: el de propiedad. De hecho, a personajes como Ayuso sólo se le oye hablar de éste, asimilando democracia a ultraliberalismo económico. Pero sin duda es la Región de Murcia la que se lleva la palma, quizá porque aquí apenas hay resistencias sociales y la Administración central queda un poco lejos, en esto de instaurar la ley de la selva en lo tocante a los negocios. Y se hace por una doble vía: no se crean disposiciones autonómicas que los regulen y, en caso de existir reglamentación por imposición administrativa superior (española y europea), sencillamente se obvia, es decir, se mira para otro lado en caso de flagrante incumplimiento por parte de los empresarios.

Trágico paradigma de esa ausencia de preceptos que encaucen, buscando el interés general, la gestión de las diversas actividades que conforman el tejido productivo murciano, lo constituye el incendio de las discotecas de las Atalayas, que ha segado la vida de 13 personas, sumiendo en la desolación absoluta a sus familias. Los locales siniestrados no sólo carecían de licencia y estaban sometidos a un precinto que nunca se ejecutó, sino que presentaban, como todas las discotecas, un déficit normativo: no se ha aprobado un reglamento que fije la intervención sobre espectáculos y actividades recreativas, como señala el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, Carlos Amoedo. En su ausencia se tira, en la administración de espectáculos y actividades recreativas, de una ley de protección ambiental, la 4/2009, que además resulta afectada por una disposición adicional derivada de una ley de 2017 que no incluye un apartado específico de infracciones y sanciones. Los intentos por incorporar éstas al ámbito de las discotecas han resultado fallidos por reiterada decisión mayoritaria de la Asamblea Regional, la última en octubre de 2022. El terreno para que los dueños de estos establecimientos hicieran de su capa un sayo quedaba perfectamente abonado.

En nuestra comunidad autónoma hay una casa de juegos y apuestas por cada cuatro mil habitantes. La media estatal es de una por cada doce mil. Estas instalaciones han generado una epidemia de ludopatía que constituye un auténtico problema de salud pública, particularmente entre la juventud. La mayoría se ubica en las proximidades de colegios e institutos. Pues bien, cuando ya hay casi 400 desparramadas por el territorio, el decreto que las organiza está paralizado desde 2018. Dicho texto, quizá yacente en el fondo de algún cajón, establece una distancia obligada entre las casas de juego y los centros de enseñanza(al menos de 500 metros) que ni siquiera es de aplicación a las concesiones previas. Estamos, pues, ante un sector particularmente dañino que actúa sin control alguno.

Aunque donde el espacio de impunidad para comportamientos perjudiciales se ensancha considerablemente es en todo lo que concierne a la gestión del agua y del medio ambiente. Decenas de miles de hectáreas donde se riega ilegalmente (y además se roba el agua de los acuíferos) han construido nuestro paisaje agrario en las últimas décadas. Los sucesivos gobiernos autonómicos de las derechas han mirado, sistemáticamente, para otro lado. Tan sólo cuando ha estallado el escándalo del Mar Menor se han ido adoptando medidas para subsanar esta situación dramática, aunque la iniciativa, en lo esencial, ha correspondido a la Administración central, al Seprona y a la Justicia. En San Esteban siguen instalados, a este respecto, en una pasividad vergonzosa, a pesar de disponer de las competencias exclusivas en materia de vertidos de nitratos procedentes de la actividad agrícola.

En fin, ahí están las macrogranjas cuyos purines contaminan las aguas subterráneas y el Mar Menor, otra vez con López Miras (ahora aliado con Vox) haciendo la vista gorda y eludiendo sus responsabilidades. Y echando la culpa a otros cuando las cosas se tuercen.

Somos víctimas las gentes de Murcia de un capitalismo depredador que está devastando esta Región. Aquí no rigen la innovación ni el espíritu emprendedor. Por el contrario, dominan la pillería, la inseguridad jurídica y el ‘esto te lo arreglo yo’. Obviamente, ello no sería posible sin la complicidad, por activa o por pasiva, de quienes, desde hace ya demasiado tiempo, nos mandan.

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