El impuesto oculto que deja el número uno del PP

Si los análisis económicos de Núñez Feijóo resultan un galimatías comparable al sketch de la empanadilla de Móstoles de Martes y Trece, las cuentas del exconsejero de Hacienda y número uno del PP al Congreso, Luis Alberto Marín, son de vértigo. El cabeza de lista, al igual que el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, se ha acostumbrado a echarle la culpa de todos los males a Pedro Sánchez y ni siquiera se da cuenta de que los propios empresarios han empezado a quejarse de la receta que les está aplicando el extitular de Hacienda para contener la deuda con los bancos, porque está trasladando la factura de los intereses a los proveedores. 

Mientras que el endeudamiento de la Administración regional permanece prácticamente congelado desde que empezaron a subir los intereses bancarios, en la primavera de 2022, las facturas pendientes de pago con las empresas contratistas habían alcanzado los 255 millones en el mes de febrero y el déficit se ha disparado en los primeros meses del año.

Además, según se recoge en la Memoria del Consejo Económico y Social (CES) presentada esta semana, el flamante candidato del PP no solo ha estado retrasando los pagos a los proveedores, sino que tampoco les abona intereses de demora. El informe del CES habla de «quitas involuntarias», pero también podría hablarse de un impuesto oculto. Y no es el único.

Los intereses de 255 millones de deuda, al precio que está el dinero en estos momentos, cuestan como poco 12 millones , que se ahorra la Comunidad al cargar el lastre a las empresas.

El efecto más directo es que los acreedores acaban trasladando la morosidad a sus propios proveedores, con lo que se establece una cadena tóxica que puede llegar a perjudicar incluso al empleo. 

Por el contrario, la subida del salario mínimo interprofesional ha supuesto un aumento de más de 300 euros mensuales en cinco años para unos 200.000 trabajadores de la Región de los sectores con menos poder adquisitivo. Eso es dinero que está entrando directamente al bolsillo de las familias y de los jóvenes y que permite elevar la recaudación de impuestos como el IVA. La mejora representa una inyección de unos 840 millones a la economía murciana en comparación con la masa salarial del año 2019, que equivale a algo más del 2% del PIB, aunque los socialistas no han sabido explicar ni a los propios trabajadores la dimensión que alcanza en Murcia la subida del salario que cobra casi un tercio de la población ocupada.

Lo peor es que el flamante candidato del PP, que es, además, secretario de Economía del equipo de Núñez Feijóo, quiera exportar la dieta de adelgazamiento de la deuda ensayada en Murcia a un futuro gobierno del PP y Vox, porque ya sabemos lo que eso significa: planes de ajuste y recortes, como los que aplicó Rajoy en 2012.

 Mientras que Luis Alberto Marín se ha dedicado a guardar las facturas en los cajones, va presumiendo en las redes sociales de que ha frenado la deuda, que en febrero estaba en algo más de 11.500 millones, que equivalen al doble del presupuesto regional de este año.

La estrategia de Marín y de López Miras de cargarle la culpa del endeudamiento a Sánchez también tiene agujeros que en la práctica funcionan como impuestos ocultos. El tributo más sangrante que tienen que pagar todos los murcianos es el de la desaladora de Escombreras. En 2022 nos cuesta algo más de 32 millones, aunque la factura va subiendo año tras año de acuerdo con las tarifas fijadas en el contrato con la empresa propietaria, Hydro Management, del grupo ACS. Mientras los créditos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) eran baratos no ha habido problema para seguir cargando el gasto a las arcas regionales, pero con la subida de los intereses bancarios la cosa puede ponerse fea.

En la lista de las cargas olvidadas figura también el aval de 200 millones del aeropuerto de Corvera, que llegó a costar 22.000 euros diarios en intereses. Parte de la deuda que la sociedad liderada por Sacyr le endosó a la Comunidad en 2012 fue amortizada con dinero del FLA, por lo que se ha diluido dentro de los números rojos de los que se culpa a Sánchez. 

La lista incluye otras facturas más pequeñas y ya olvidadas, que han tenido un coste social muy alto. Un ejemplo gráfico es la indemnización que la Comunidad tuvo que pagar a la empresa adjudicataria de un ambicioso proyecto que iba a convertir a Murcia en la capital de las nuevas tecnologías audiovisuales y que se canceló con los recortes: Contentpolis.

Casi nadie se acuerda ya de que la Región iba a tener un Centro de Conocimiento Digital y la Creatividad Audiovisual, que se empezó a construir en el polígono de Los Camachos.  

Ahora es Málaga la capital de las empresas de las nuevas tecnologías, en la que están instalando su sede las compañías internacionales. 

En el caso de Contentpolis el mayor coste no es la púa económica que dejó la cancelación de las obras ya iniciadas, sino la pérdida de oportunidades que ha ocasionado a las generaciones de jóvenes que se han tenido que marchar fuera de la Región y a la propia sociedad murciana. 

Y mientras tanto, López Miras y su equipo siguen atizándole a Sánchez y a la financiación autonómica y esgrimiendo la rebaja del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para tapar los agujeros de su gestión, como la tinta del calamar.

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El abaratamiento de las herencias ha sido una demanda de la patronal, pero el PP lo ha vendido tan bien que le ha creado a los murcianos una especie de síndrome de Escalata O’Hara. Cualquier contribuyente que tenga hijos a los que dejar su piso o padres a los que heredar se siente como la protagonista de Lo que el viento se llevó cuando ve peligrar la propiedad de Tara, porque no tiene dinero para pagar la contribución. 

Como los vendedores de seguros que se dedican a alentar el miedo a las desgracias para colocar su póliza más cara, López Miras ha conseguido que personas cultas y con estudios estén preocupadas por lo que les costará heredar la casa de sus padres, como si fuesen ricos propietarios, sin saber que si se compran una segunda residencia pagarán el Impuesto de Transmisiones y de Actos Jurídicos más caro de toda España. Es lo que dicen los promotores de viviendas y los estudios del Consejo General de Economistas. A pesar del discurso cansino de «la libertad económica», es una forma de penalizar la inversión.   

Pero hay otra carga más pesada que impide a la Región recuperarse de la crisis de 2008, porque la construcción sigue teniendo una escasa actividad, que solo se salva con el tirón de la obra pública en años electorales. Según refleja la Memoria del CES, el número de viviendas terminadas en 2022 se reducía a 2.452, a pesar de que supera en un 43,1% la cifra del año anterior. Sin embargo, antes del estallido de la burbuja inmobilaria se entregaban más 30.000 casas anuales gracias a la desaladora de Escombreras, que se empezó a construir en 2006, pero antes de dar agua ya funcionaba como una máquina de blanquear los planes urbanísticos no autorizados por la CHS. El empacho fue tan brutal que al acabar 2022 había aún 19.604 viviendas sin vender de las 30.200 que se contabilizaban en 2010. A este paso, se necesitarán 24 años para darles salida.

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