Nada podrá ir peor

Nada podrá ir peor. Por mucho que decepcione la legislatura que hoy se inicia con la constitución de la nueva Asamblea Regional será mano de santo en relación a la que acabamos de clausurar. Todos los males de la abyección política se dieron cita en la Décima, de tal modo que ya no queda perversión política alguna por explorar. Lo que venga, por extravagante que pudiera ser, no alcanzará las cotas de la impostura permanente que hemos vivido y sufragado durante los últimos cuatro años, más acentuadamente en los concluyentes. Conviene que subrayemos esa impresión, pues existe el riesgo de que acabemos normalizando anomalías vergonzosas que trastocan la democracia.

Todo comienza con un partido, Ciudadanos, cuyas líderes, tanto la nacional, Arrimadas, como la electoral murciana, Franco, prometieron expresamente durante la campaña de 2019 que no facilitarían cuatro años más de Gobierno del PP en la Región de Murcia. Y que jamás negociarían con Vox. Al día siguiente del escrutinio ya tenían claro que ayudarían a los populares a prolongar su estancia en San Esteban, a pesar de que éstos habían perdido las elecciones y de que la suma de ambos partidos no daba para la mayoría, por lo que era preciso involucrar a Vox. Franco se sentó con el partido de la extrema derecha y estampó su firma en un pacto que básicamente incluía compromisos contradictorios con las proclamas sociales de Ciudadanos que ella especialmente debía aplicar desde el Gobierno al frente de la consejería que le fue adjudicada. Por si fuera poco, desde el principio se tuvo la impresión, confirmada después por las investigaciones policiales, de que las elecciones primarias que habían situado a Franco en el cartel electoral de Ciudadanos habían sido trucadas.

Uno que va para ministro

Los dos primeros años transcurrieron sin que nadie pudiera percibir las aportaciones de los socios del PP, salvo en cuanto a la disputa por el título irrelevante de la vicepresidencia del Gobierno entre Franco y Martínez Vidal cuando esta última se ganó los favores de la dirección nacional. Después se produjo el episodio chungo de la moción de censura PSOE/Cs, en un imprevisto giro de este último, que fue implosionada por cuatro diputados naranja que, tras estampar su firma en el documento para el registro parlamentario, se convirtieron en tránsfugas, asegurándose tres consejerías, con la fuga cómplice del presidente de la Asamblea, más el añadido de que fue necesario incorporar al Gobierno, nada menos que en Educación y Cultura, a una diputada procedente de Vox, cuyo Grupo también había saltado en pedazos por desacuerdos con la dirección nacional sin que los disidentes dimitieran, sino que antes bien se atrincheraron en sus autorrepresentaciones nominales. El espanto culminó con el arrastre al Grupo Mixto de Vox, los exVox, los dos diputados que quedaban leales a Cs, que finalmente también se mostraron desentendidos de su partido, y Podemos, asimismo lastrado por el desencuentro interno entre las dos diputadas que acabaron representándolo. El toque digno lo protagonizaron los dos diputados originales de Podemos, que abandonaron sus escaños al discrepar de la línea oficial del partido.

Mientras tanto, el PP gozó de una mayoría absoluta incondicional que no había obtenido en las urnas, pero con un lastre gravísimo en las consejerías cedidas: el presidente tuvo que proceder, ya casi a final de mandato, cuando ya no existía riesgo de una nueva trastada de los tránsfugas, a la destitución de la consejera exVox, a apuntalar con miembros de su partido el departamento de Empresa y a reducir al máximo las competencias del campo de acción de la vicepresidenta.

El hecho de que las tránsfugas de Cs mantuvieran sus escaños les aseguraba su continuidad en el Gobierno y, probablemente, el subsidio de paro parlamentario al que ahora podrán acogerse.

Todo este desmadre ha estado presidido por Alberto Castillo, un correpartidos pródigo en citas agustinianas que ha exhibido el transfuguismo desde la cúpula institucional de la Región. ¿Hay quien dé menos?

Nada podrá ir peor.

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