Pobre Doñana

En increíble que, en pleno siglo XXI, se haya aprobado en el Parlamento Andaluz tramitar una Ley que golpeará de forma durísima el ya lamentable estado ecológico del Parque Nacional de Doñana. Una Ley que, como quizás ustedes sepan, pretende legalizar los cultivos de regadíos en cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal del parque, mayoritariamente destinados al cultivo de fresas.

Yo entiendo que la política es complicada y que la presión sociológica de una parte del electorado conduce a dudas y, de cuando en cuando, a adoptar decisiones que ni tan siquiera gustan en su fuero interno al político que las adopta. Y también entiendo qu e en todo hay matices técnicos que merece la pena sopesar. Pero con este asunto de Doñana se han cruzado ya todas las líneas rojas de la responsabilidad y hasta de la decencia.

Porque los políticos, además de atender legítimamente a su esfera inmediata de influencias, están obligados a ser valientes cuando las cosas tienen la importancia que ésta tiene. Hay un problema de compatibilidad de usos y de competencia por el agua en aquellas tierras. Sí, ya lo sabemos. Pero desde luego en este caso lo que correspondería no es quitarse de en medio el problema dejando pasar y dejando hacer y confiando en un agua trasvasada que todos saben que no llegará por el cambio climático, sino ser políticamente valientes, sin complejos, y utilizar, cueste lo que cueste, toda la fuerza de la comunidad andaluza y del Estado en buscar compensaciones económicas, reconversiones productivas y de uso del suelo, que consigan satisfacer a la población afectada. Es cierto que en el campo fresero de Huelva no solo son las grandes empresas agroindustriales y los fondos de inversión los que están involucrados, sino también que de esto viven muchas familias tradicionales. Reconversiones de este tipo se han hecho ya en la economía española y a una escala muchísimo mayor y más cara, como la reconversión industrial de la metalurgia española en los años ochenta del pasado siglo.

De hecho, la Comisión Europea, nada sospechosa de antiliberalismo o de radicalidad, se ha posicionado nítidamente contra la legislación votada en el Parlamento Andaluz, y amenaza a España con importantes sanciones. Estoy seguro de que la UE se embarcaría gustosa, junto con la Junta de Andalucía y el Estado, en buscar los fondos que permitieran las compensaciones a las familias y la reconversión de una parte del campo fresero de Huelva a otro tipo de actividad que respetara Doñana.

Los científicos, el CSIC, el Defensor del Pueblo Andaluz, las organizaciones internacionales de defensa de la Naturaleza, el Consejo de Participación del Parque, Naciones Unidas y la propia Comisión Europea, se han opuesto a la ley que finalmente ha sido aprobada. No sé si alguna instancia superior, como el Constitucional o los tribunales de justicia europeos, podrán hacer que se tambalee la norma, pero de momento ahí la tenemos a las puertas, para seguir haciendo del pobre ecosistema de Doñana un lugar con cada vez menos futuro.