La Opinión de Murcia

La Opinión de Murcia

El Prisma

La polémica del aborto: la esquizofrenia del PP

El famoso protocolo para las mujeres abortantes que Vox ha tratado de poner en marcha en Castilla y León no es más que un levísimo retoque a una ley que el Partido Popular se comprometió a derogar en 2010, el mismo año de su aprobación. Mariano Rajoy ganó por mayoría absolutérrima al año siguiente y, como es natural, no derogó ni esa ni ninguna de las leyes elaboradas por Zapatero, traición monumental a sus votantes de la que el gallego solía presumir con toda justicia.

La mera posibilidad de que a las clientas de las clínicas abortistas se les ofrezca la opción de ver al bebé que va a morir ha desatado una campaña brutal de la izquierda en todos los órdenes y con una rapidez inaudita. La situación es la siguiente: una ley elaborada por la izquierda beneficia a más de doscientos violadores y el Gobierno no hace nada para modificarla durante meses; una Comunidad autónoma dice que va a ofrecer a las embarazadas la posibilidad de tener una ecografía de su bebé y en menos de 48 horas se han enviado requerimientos para prohibirlo taxativamente. Cuestión de prioridades.

Pero la izquierda es consecuente con su ideología, aunque su aplicación práctica dé lugar a situaciones tan aberrantes como la anteriormente descrita. Aquí, el problema lo tiene el Partido Popular, que trata de conciliar su oposición a las leyes ideológicas de la izquierda con un temor reverencial a que esa misma izquierda considere a sus dirigentes unos retrógrados protofascistas en manos de Vox. El caso del aborto resulta especialmente adecuado para mostrar la esquizofrenia popular en todo su esplendor.

La regulación actual del aborto es, en esencia, la aprobada por ZP en 2010, que introdujo como novedad el establecimiento de plazos para abortar libremente a diferencia de lo que sucedía en la norma inicial de 1985. El Partido Popular protestó por esta ley que, además, permitía a las chicas de 16 años abortar sin el conocimiento de sus padres, razón por la cual planteó un recurso de inconstitucionalidad. El núcleo de las objeciones de los populares era que la ley de Zapatero vulneraba el artículo 15 de la Constitución Española, cuyo comienzo reza que «todos tienen derecho a la vida (…)». A Rajoy, los 186 diputados solo le dieron para introducir en 2015 una leve modificación (la obligatoriedad de informar a los padres si la abortante es menor de edad), dejando el resto del articulado tal y como estaba. Pues bien, siete años después de aquello, el PP ya es partidario de la estricta aplicación de la ley en todos sus extremos hasta el punto de poner en riesgo la gobernabilidad de una Comunidad autónoma como Castilla y León. Y todo esto ocurre mientras el recurso de inconstitucionalidad planteado por el PP en 2010 sigue vivo en el TC, pendiente de que en unas semanas se emita, finalmente, la resolución a que haya lugar.

Es decir, el PP rechaza que su socio de Gobierno en una comunidad autónoma proponga una mejora irrisoria en la aplicación de una ley que mantiene recurrida ante el TC y a cuya derogación total se comprometió. ¿Esto cómo se come? Dejando a un lado la calificación moral y política que una ley de esta envergadura merezca a sus dirigentes actuales, lo cierto es que el comportamiento de Feijóo es el de un traidor a los votantes de su partido, que ven cómo prefiere alinearse con la izquierda en estos asuntos antes que con su socio natural.

¿Y Abascal? En casa, fumándose un puro todo sonriente mientras acaricia a su gato.

Compartir el artículo

stats