A veces no se investiga una cosa por España y sí por Europa. Concretamente por Londres, pues aunque los británicos se hayan salido de Europa para algunas cosas (más listos que el hambre, digo yo), en otras cuestiones aún siguen ahí. Así, en materia de justicia, van a poner las peras al cuarto a Juan Carlos o a Corina. Esperemos que por fin sepamos qué clase de relación económica mantenían, pues la otra está más que clara. El rosario de la aurora se queda en mantillas al lado de lo que dice la princesa de su rey y sus presuntas advertencias, una vez finalizada la relación.
Otras veces, sin embargo, nadie investiga un hecho delictivo, ni España ni Europa, lo más seguro es porque no lo sea. Y otras, finalmente, España y Europa quieren investigar el mismo acontecimiento, por si fuera delictivo. Y en eso estamos ahora. La fiscalía anticorrupción española, con su jefe murciano a la cabeza, pugna con la fiscalía europea en investigar la compra de mascarillas por un hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid y el cobro de una comisión.
Resulta que la fiscal general del Estado (a la que felicito por su santo hoy) y la junta de fiscales de sala (al mismo sitio donde quiere ir, cuando deje su actual cargo, camino enmienda de una ley como es la concursal que nada tiene que ver con eso, por cierto), decidieron dos cosas. Una, que la fiscalía anticorrupción, española, sea la encargada de investigar la existencia de ese contrato para la compra de mascarillas cuando la pandemia estaba en pleno auge. Y, por otro lado, que sea la fiscalía europea la encargada de investigar sobre si existió o no malversación y daños al presupuesto europeo, ya que las mascarillas se compraron con dinero de Europa. Lo cierto es que el artículo 25 del Reglamento de la Unión Europea da la razón a España al dejar en manos de la fiscalía de cada Estado miembro la decisión de quién investiga estos hechos. Sin embargo, el artículo 42 del mismo reglamento establece que el tribunal de justicia de la UE es el competente para pronunciarse con carácter prejudicial sobre la manera de interpretar los artículos que regulan la competencia de la fiscalía europea. Ante esta situación, la Comisión Europea (lo que es el Ejecutivo comunitario) defiende que el tribunal de justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, sea el encargado de dilucidar esa disputa entre fiscalías.
Por si fuera poco el lío que se ha desarrollado con el presunto espionaje a Isabel por la cúpula del PP nacional, que a pesar de ser negado le ha costado el puesto al jefe (al que no se le apoyó, pero se le quiere mucho) y al ciezano, ahora dos fiscalías se disputan la investigación del contrato de compra de mascarillas del hermano de aquella, en tiempos de pandemia, con comisión, más o menos suculenta incluida, y pagado todo, al parecer, con fondos comunitarios europeos. Por ahora, quien va ganando es Isabel, a tenor de las dimisiones referidas. Pero el futuro de la misma aun quizás esté por decidir cuando den fruto alguna de esas investigaciones de una u otra fiscalía. Máxime si el nuevo jefe del PP, que imagino se encuentra a la expectativa como buen gallego ni le ha dado ni le ha quitado nada, en la nueva ejecutiva del partido.
Cuestiones jurídicas y políticas nuevamente conviviendo entrelazadas en un conflicto de competencias, en este caso de fiscalías, al que un tribunal, el de la UE, pondrá fin, o no, a las dudas, ya que lo único claro es que los artículos 25 y 42 del reglamento europeo se pronuncian no solo de manera diferente, sino también contradictoria. El Derecho, a veces es más inexacto que lo que decide la audiencia en algún programa televisivo.
