Mucho estaban tardando los trumpistas murcianos (que son muchos y muy agresivos) en emular a sus colegas yankis en lo tocante a ir asaltando instituciones democráticas. Y aunque Lorca no es Washington ni el Ayuntamiento de la tercera localidad de la región es el Capitolio estadounidense, para ir abriendo boca puede valer. Porque de seguro que estos patriotas indignados están llamados a protagonizar gloriosas gestas en el futuro, más allá de la escaramuza lorquina, hasta conseguir el objetivo de acabar con los socialcomunistas que, en el asunto que nos ocupa, buscan perpetrar la felonía de que las macrogranjas porcinas estén, al menos, a kilómetro y medio de colegios, centros de salud, núcleos de viviendas o acuíferos en el término municipal más grande de España.
Y es que resulta ya enfermiza esta obsesión, de la que ha hecho bandera el consenso progre, de que las actividades económicas procuren cuidar del medio natural y de la gente, es decir, de la vida. Cuando lo sensato es instar, como hizo hace unas semanas el dirigente murciano del sindicato Solidaridad, de Vox, a que llenemos el territorio, como (según él)hacen en Marruecos o China, de macrogranjas y centrales térmicas. No aclaró si ofrecía esas instalaciones a las puertas de su domicilio, lo cual hubiera constituido la más noble expresión de sacrificio patriótico en aras de la producción (y de los beneficios) sin límite alguno, una vez arrojadas a la basura todas las consideraciones sociales y ambientales.
«Nos dijeron unas cosas que no coinciden con la realidad, por lo que fuimos desinformados a la manifestación’». Estas palabras, expresadas por uno de los que encabezaban la turba que, entre golpes a los policías locales y amenazas de muerte a los concejales, asaltó el edificio municipal, es paradigmática respecto del sentido último tanto de lo que ocurrió en la localidad murciana como de lo que pasa en el conjunto del país (en estos momentos Casado convirtiendo el despiste del diputado Casero en un pucherazo). Independientemente de que este aparente arrepentimiento personal pueda obedecer más al deseo de aquel individuo por despejar en lo posible el horizonte penal al que se enfrenta que a un acto sincero de contrición, lo cierto es que arroja luz sobre el siniestro proyecto político que las derechas (con un PP ya subrogado políticamente en Vox) pretenden consolidar en Murcia y expandir al conjunto de España.
Plan que sigue unas pautas muy definidas y que, si las concretamos en el ámbito agropecuario en el que se enmarcan los hechos que son objeto de este artículo y las acotamos temporalmente desde el pasado más reciente (aunque vienen de muy atrás), podemos arrancar con la manipulación (o desinformación, como diría aquel asaltante) de las palabras de Alberto Garzón en relación a las macrogranjas. Todos sabemos lo que ocurrió: el dirigente de IU dijo que la ganadería extensiva y tradicional ofrecía carne de mejor calidad que la de aquellas infraestructuras de dudosa sostenibilidad. La patronal cárnica lanzó, junto a las fuerzas reaccionarias, una campaña de desprestigio sobre el ministro asegurando que éste había descalificado, en un medio europeo, la ganadería española en su conjunto. Este bulo se enquistó en los medios y sirvió para que PP y Vox agitaran el campo predisponiéndolo contra el Gobierno que querría «condenar a la miseria a los agricultores y ganaderos’». Es más o menos lo que representantes de estos partidos les dijeron a los ganaderos lorquinos, a quienes engañaron sobre el verdadero alcance de una moción que el pleno municipal se disponía a aprobar el día de autos.
Así pues, se comienza mintiendo con la estricta finalidad de esparcir odio entre los destinatarios del mensaje. Animadversión que se torna visceral por cuanto el colectivo rural se convence de que su propia existencia vital está amenazada por los progres, lo que conduce a una parte importante del mismo a buscar refugio político en las organizaciones de esos cargos públicos que acuden a las asambleas ganaderas para lanzar arengas cargadas de falsedades.
El siguiente paso es provocar desestabilización política. En el Congreso de los Diputados y en las redes sociales esto se hace llamando ilegítimo al Ejecutivo de la nación (ahora también al legislativo), e instando, explícita o implícitamente, al golpe militar en su contra; en el campo lorquino, se ataca el Ayuntamiento y se acosa a sus concejales. La violencia es el corolario inexorable del clima de crispación y tensión extremas que las derechas, con la inestimable cooperación de sectores del Estado, han escogido para provocar la caída del Gobierno y llegar al poder. Un camino extraordinariamente peligroso porque amenaza la convivencia y la pervivencia de la democracia misma.
Frente a este estado de cosas, las instituciones no sólo han de gestionar el día a día para mejorar la vida de la ciudadanía. También han de levantar mecanismos de defensa de la tolerancia y las libertades. Por ejemplo, combatiendo legalmente esa desinformación tóxica que supuestamente habría llevado a nuestro quesero lorquino a perpetrar varios delitos el pasado lunes 31 de enero. Si se castigara penalmente la difusión de bulos injuriosos que, apelando a las emociones más primarias, persiguen criminalizar a colectivos vulnerables y a rivales políticos, posiblemente nos ahorraríamos tener que enfrentar la ley con la consumación de actos violentos. Se trata de prevenir la enfermedad antes de tener que curarla, porque esto último siempre es más traumático.
