El ministerio, el tren y otras cosas de malmeter

Con la salida de Pedro Saura de la secretaría de Estado, la Región de Murcia no solo ha perdido el peso que él le aportaba desde un despacho fundamental para el desarrollo de la actual agenda política regional sino que a la vez ha cambiado, en general y para mal, la acción política del Gobierno central. En el ámbito de lo que veníamos llamando Fomento, los técnicos se han hecho cargo de la política del Estado, lo que inevitablemente desemboca en una no política. 

El PSOE ganó en la Región unas generales y las últimas autonómicas, así como la mayoría de los Ayuntamientos. Que gobierne el PP con otras alianzas no empaña el dato anterior, de modo que la versión de la venganza carecería de rigor en estrictos términos

Las empresas públicas, como Adif, están permanentemente tensionadas. Los políticos les exigen inversiones y les ponen por delante proyectos que, en ocasiones, los técnicos que las dirigen no consideran rentables. Y es que éstos tienen que rendir al Gobierno cuentas saneadas, pues un dispendio que rebase su nivel tasado de endeudamiento podría convertir las cuentas de la empresa en deuda del Estado. El pulso entre el Gobierno, que exige más actuaciones, muchas de ellas ‘políticas’, a las empresas públicas, y la tendencia de éstas a cuadrar sus cuentas con criterios de empresa privada (que también lo es por una parte de su accionariado) es un debate recurrente. Y claro que hay un pacto no escrito: consiste en que el Gobierno de turno puede presionar a las empresas públicas hasta cierto punto, ya que tampoco, como he dicho, le conviene llevarlas a un sobreendeudamiento que tendría que asumir ante la Unión Europea como deuda propia. 

L. O.

POLÍTICOS Y TÉCNICOS. Saura (político, secretario de Estado) e Isabel Pardo (técnica, presidenta de Adif) nunca se llevaron bien. No hace falta que me lo haya dicho nadie. Lo deduje el pasado año cuando LA OPINIÓN organizó un foro de debate sobre la llegada del Ave a la ciudad de Murcia que financiaron a pachas el ministerio y el Ayuntamiento, y por parte del primero se hizo figurar el logo de Renfe, que no pintaba nada en el asunto, cuando habría correspondido el de Adif. La discrepancia entre ambas instancias, secretaría de Estado y Adif, no es, sin embargo, cosa personal, sino estructural. La novedad ahora es que, tras la remodelación del Gobierno central, los técnicos de Adif se han hecho con la política ministerial.

El ministerio está en manos de los técnicos, y éstos, muchas veces, no atienden a cuestiones políticas, sociales o incluso medioambientales, pues su objetivo consiste en cumplir con la realización de sus proyectos por el camino de la mayor rentabilidad

Los técnicos están para orientar a los políticos, facilitar sus iniciativas o ponerles pegas de acuerdo a criterios científicos o de legalidad administrativa, pero no para sustituirlos, pues en tal caso habríamos de dar por supuesto que no nos harían falta; los políticos, digo. Pues bien, en este momento el ministerio está en manos de los técnicos, y éstos, muchas veces, no atienden a cuestiones políticas, sociales o incluso mediambientales, pues su objetivo consiste en cumplir con la realización de sus proyectos por el camino de la mayor rentabilidad.

No cabe duda alguna de que si el trazado del Ave, incluido el soterramiento y la modernización simultánea de las líneas de Cercanías, pudiera realizarse sin la suspensión temporal (temporal, pero nada menos que durante cuatro años) de este último servicio más la conexión a Madrid estuvieran en manos de una decisión estrictamente política, la situación que vivimos con el tren desde el pasado primero de octubre no se produciría o sería atenuada de alguna manera. 

LA POLÍTICA DISNEY. Piénsese detenidamente. Ningún político cerraría por gusto un servicio tan demandado a pesar de lo cochambroso del mismo. 

Dicen desde el Gobierno regional, donde se echan de menos los técnicos, pero donde abundan los políticos que hablan como si fueran técnicos, que la suspensión de líneas responde a una venganza política, no tanto contra el Gobierno, pues la extienden contra los murcianos mismos, ya que éstos se muestran habitualmente renuentes a votar al PP, si bien es verdad que el PSOE de Sánchez ganó aquí unas generales y el de Conesa las últimas autonómicas, así como la mayoría de los Ayuntamientos de la Región. Que gobierne el PP con otras alianzas en el Parlamento no empaña el dato anterior, de modo que la versión de la venganza, ya de por sí infantiloide, carecería de rigor en estrictos términos. Además, la Región de Murcia es, en las elecciones generales, una circunscripción electoral como provincia, y aporta al Congreso nada menos que diez diputados, suculento lote en relación al de otras provincias incluso más nombradas. ¿Qué partido político despreciaría la posibilidad, en tiempos de inestabilidad y de pactos que se deciden por un número de diputados que no alcanza los dedos de una mano, de tratar de aumentar su representación? 

Es estúpido propagar, y todavía más creer, que la política funciona con los impulsos autodestructivos de ciertas parejas sentimentales rotas en las que uno de sus miembros prefiere quedarse tuerto para que el otro se condene a ser ciego

Es estúpido propagar, y todavía más creer, que la política funciona con los impulsos autodestructivos de ciertas parejas sentimentales rotas en las que uno de sus miembros prefiere quedarse tuerto para que el otro se condene a ser ciego. Sin embargo, hasta ahí llega la profundidad intelectual, factoría Disney, del aparato de agitación y propaganda del Gobierno regional, que no da más de sí.

El PSOE se castiga a sí mismo. Dicho esto, sorprende que el Gobierno central, que se había apuntado un plus al decretar el soterramiento del Ave a su paso por Murcia de acuerdo con una intensa lucha ciudadana y que ahora permitirá reestructurar urbanísticamente el sur de la capital, disponga una medida absolutamente impopular como el cierre durante cuatro años de las líneas de cercanías, aunque sea con el loable propósito de que se acaben pareciendo a las de otras Comunidades y provincias. 

Desde el punto de vista del interés político, el Gobierno central no castiga a Murcia, sino a sí mismo, ya que antes de la conclusión del plazo de cuatro años hay al menos dos citas con las urnas: elecciones autonómicas y generales. En 2025 todo serán albricias,y Dios sabe quién gobernará en España, pero mientras tanto, la ‘colada’ del ferrocarril será un estado de obras, como un río de lava, que traducirá una sensación de espera interminable. 

Y todo esto, a pesar de lo comprensible de la situación, pues es obvio que no se puede circular por el mismo carril en que se está obrando (la nueva vía se traza sobre la ya existente), y que si se distrae el tiempo y el presupuesto en carriles alternativos y bypass, tampoco será efectivo, pues los usuarios acabarían prefiriendo el autobús a la aventura de una improvisada y cambiante estructura paralela, imposible por lo demás en ciertos tramos o tan costosa de trazar como la definitiva. No sería imposible hacer trazados alternativos, pero tanto el coste como la afectación a la marcha del conjunto de la obra sería descomunal. 

El gobierno de Adif. Esto lo sabe el Gobierno regional, y hasta podríamos admitir que use para su favor, con cierta legitimidad, estas dificutades ajenas, pues en política cabe aprovecharse de los errores del adversario. Y error es este caso, pues Adif ha tenido tiempo de buscar alternativas ante esta situación y no conducirla a lo dramático menospreciando la cantidad de usuarios y la repercusión medioambiental (el transporte por carretera) de su decisión. Pero lo cierto es que al día de hoy el cierre es inevitable. La prueba está en que aún estamos esperando la solución alternativa de los técnicos del Gobierno regional. ¿Qué haría López Miras si fuera quien tuviera que actuar en este caso? Todavía no nos lo ha dicho; se limita a quejarse del hecho, como quien lo hace por la erupción inevitable del volcán de La Palma. Pero ¿qué solución tenemos? 

Representantes del Gobierno regional dicen, en pequeño comité, que no les corresponde ofrecer la solución al Gobierno nacional, pero en otros casos se adelantan a proponerla, como en el del Mar Menor, asunto en que lo tienen claro: abrir la gola de Marchamalo. ¿Cómo es que disponen de alternativas perfectamente delimitadas en un caso, por muy discutibles que sean, mientras que en el otro, el de los trenes, solo alcanzan a quejarse y a ingeniar supuestas teorías de la conspiración del género infantil? Es obvio: porque se trata de un estado impopular que pueden activar electoralmente contra el Gobierno central, estrategia en que consiste toda la política del regional. ¿O alguien conoce alguna declaración gubernamental del equipo López Miras que no contenga este toletole? 

Sorprende que el Gobierno central disponga una medida absolutamente impopular como el cierre durante cuatro años de las líneas de cercanías, aunque sea con el loable propósito de que se acaben pareciendo a las de otras Comunidades y provincias

Ahora bien, la política es como es. Y resulta obvio que el cierre de las comunicaciones ferroviarias internas es una responsabilidad del Gobierno central, que no ha sabido encontrar otra solución, por muy lógica que sea la que han tomado, a pesar de que ni siquiera se han esforzado en explicarla, cosa muy habitual en los tecnócratas que no se sienten concernidos en lo político y tan solo responden a lo que aparece dibujado en sus planos. Por tanto, es legítimo que si el Gobierno central ha dejado su política en la Región de Murcia en manos de los tecnócratas de Adif, el Gobierno regional le pueda reprochar las consecuencias. Es el juego. Pero, aunque lo del Gobierno Sánchez no constituya, como propagan desde San Esteban, un elemental ejercicio de venganza política que no tendría razón de ser, acaba siendo en la práctica un ejemplo de estupidez política. Y nunca se sabe lo que es peor.