A medida que se acerca el comienzo del curso escolar crece la indignación en la comunidad educativa ante la perspectiva de una organización prácticamente en las mismas condiciones que si de un curso normal se tratara. Las noticias que llegan de otros países y la más que previsible falta de eficacia de las medidas propuestas por Esperanza Moreno no hacen sino incrementar dicha preocupación y malestar.

La principal de estas medidas, consistente en la elaboración por parte de cada centro educativo de un Plan de Contingencia que debe recoger las soluciones organizativas necesarias para garantizar el principio de las tres ‘emes’ (mascarilla, manos y metros), se publicó el 30 de julio estableciendo el 1 de septiembre como plazo máximo para su elaboración, lo que deja el mes de agosto, mes vacacional del personal docente, para tal fin. Con estos plazos, no puede decirse que la consejera haya estado muy diligente en la planificación para tener los planes a punto al comienzo del curso.

Pero, además, los equipos directivos no cuentan con los recursos necesarios para elaborar unos planes con garantías. No disponen de los recursos humanos necesarios para garantizar la ratio que exige el mantenimiento de la distancia social, o planificar horarios de mañana y tarde si fuera necesario (la contratación durante un trimestre de quinientos nuevos docentes es totalmente insuficiente teniendo en cuenta los más de seiscientos centros educativos existentes en la región, según datos del mapa escolar regional, y sobre todo si la comparamos con el recorte de profesorado realizado en la enseñanza pública desde 2012 y que los sindicatos estiman en torno a 2.500 docentes todavía hoy no recuperados del todo).

Tampoco cuentan con una mayor disponibilidad de personal de administración y servicios, suficiente dotación presupuestaria para gastos de funcionamiento o mayores dotaciones de personal de limpieza, ni tampoco con las condiciones necesarias para garantizar una transición rápida y eficaz a procedimientos de enseñanza telemática en caso de un nuevo confinamiento.

Sin embargo, la situación podría plantearse como una oportunidad incrementando la inversión pública en educación (complementando los 73 millones que aporta el Gobierno central), para superar deficiencias estructurales del sistema educativo público que se remontan a 2012 y no solo aportar soluciones puntuales a una situación excepcional. Pero, ¿qué puede esperarse de un Gobierno que ha expresado más de una vez su deseo de devolver las competencias educativas al Estado?