No es una frase mía. Es la que podía leerse en un cartel que portaban este miércoles los manifestantes que se congregaron en la plaza de Sant Jaume en Barcelona para protestar por la muerte de una anciana de 81 años en Reus, que se alumbraba con velas por no poder pagar el recibo de la luz. Más allá de las acusaciones cruzadas sobre quién tiene la culpa, si el Ayuntamiento o la compañía eléctrica (en este caso Gas Natural) que le cortó el suministro, el hecho es que según los últimos estudios, el recibo de la luz se ha incrementado en España un 52% desde 2008, el doble que en los países de la Unión Europea. También que más de cuatro millones de personas no pueden mantener su casa a la temperatura adecuada en invierno, es decir, que pasan frío. Y que mientras esto ocurre, y a riesgo de que me llamen demagoga, las compañías eléctricas han obtenido 56.624 millones de euros de beneficios desde que comenzó la crisis. Que en todo este panorama hay algo que no cuadra, no hace falta ni decirlo. Pero que es responsabilidad de la Administración (central, autonómica y local) que cambie hay que decirlo hasta que quede el mensaje grabado en las mentes de quienes tienen en su poder las herramientas para que se cambien las tornas en beneficio de los más necesitados. ¿Se puede permitir que unos cuantos se llenen los bolsillos a costa de muchos desafortunados? No, y millones de veces no.
