Por más intenso que sea el esfuerzo en confundir a la ciudadanía, los datos no acompañan las proclamas de salida o alejamiento de la crisis. Los registros económicos del primer trimestre de 2015 proyectan una alargada sombra que desmiente el discurso oficial, datos que no solo cuestionan (otra vez más) la recuperación del empleo y de los salarios, sino que ponen énfasis en la pérdida de trabajadores en activo, en la pérdida de la calidad del empleo, en la deflación de nuestra economía con nueve meses seguidos de caída en los precios; lo más triste, con el aumento de los accidentes de trabajo.
En este 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y en este año en el que se cumplirán veinte desde la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hemos de reconocer, junto a los avances conseguidos en este largo periodo de tiempo, nuestra insatisfacción ante una realidad, la de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que a todos y todas nos afecta, tanto en el plano individual como en el colectivo. Los datos del año 2014 repiten cifras muy negativas (a pesar de que la descomunal pérdida de puestos de trabajo, sobre todo en sectores con altos niveles de siniestralidad, como la construcción, ha venido contribuyendo a mejorar el cociente entre horas trabajadas y accidentes): 15.000 accidentes más con baja que en el ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 3,2% en los accidentes en jornada de trabajo, y un 2,3% en los accidentes in itinere (los sufridos en el trayecto de ida o vuelta al trabajo); un 1,4% más de accidentes sin baja, la categoría de siniestralidad con mayores índices de ocultación a la autoridad laboral; y 565 trabajadores/as muertos en accidente laboral, siete más que en 2013.
En todos los sectores se registró mayor número de accidentes que el año anterior; en todos los sectores se incrementó el índice de incidencia (relación entre población asalariada y la cantidad de accidentes producidos).
Nuestra Región, dentro de su tónica de empeoramiento crónico de los registros socioeconómicos y laborales, registra un índice de incidencia de 3,70, frente al 3,33 de la media nacional.
Bajo el pretexto de aliviar a las empresas, en tiempos de crisis, de las cargas administrativas que conlleva la legislación que protege la salud de los trabajadores, las políticas europeas están entrando en una peligrosa senda de ´desregulación´ que se manifiesta claramente en la paralización de iniciativas normativas comprometidas en la Estrategia Europea en materia de Seguridad y Salud Laboral. La política del Gobierno español no se queda atrás: la reforma laboral de 2012 ha levantando las clásicas restricciones a las ETT´s para operar en sectores de especial peligrosidad, y ha limitado el acceso a la formación y a la vigilancia de la salud a trabajadores en puestos de elevados niveles de riesgo, entre otras perniciosas medidas.
En la insuficiente cultura preventiva, falta de inversión, aumento del empleo precario, y pérdida de calidad en las condiciones de trabajo, encontramos la raíz de estos incrementos de siniestralidad. El temor a perder el puesto de trabajo (en un marco microeconómico de profunda crisis), las prolongaciones de jornada hasta límites de extenuación laboral, el incumplimiento de la normativa sobre horarios, jornada y descansos obligatorios, el abuso en la subcontratación, en definitiva, el desequilibrio en el marco de relaciones laborales que consagró la reforma laboral, son circunstancias que alimentan el indeseado resultado final. Además, venimos constatando un incremento muy importante de trabajadores y trabajadoras que acuden enfermos a trabajar, acuciados por aquel temor o por las disminuciones salariales durante los periodos de incapacidad temporal, ya cada vez es más frecuente la supresión de los complementos durante estas situaciones.
En la Unión General de Trabajadores y en Comisiones Obreras abogamos, desde hace décadas ante las Administraciones públicas para que se apliquen en la vigilancia de la salud y en el estricto cumplimiento de las normas sobre seguridad y salud laboral. Seguimos proponiendo que se aumente considerablemente las partidas destinadas a las labores de fomento y difusión de la cultura preventiva y al control del cumplimiento de la normativa, incrementando suficientemente los recursos humanos y materiales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El Eurobarómetro, a principios del mes de enero, acredita que el 48% de los españoles cree que lo peor está por llegar en materia de empleo. Un porcentaje similar cree que el impacto de la crisis sobre el empleo ya ha tocado techo. Se anuncian mejores perspectivas sobre la cantidad de empleo que se creará en los próximos meses; lo que no significa que sea de una calidad digna o equiparable cualitativamente al empleo destruido con cargo a una crisis de la que los trabajadores y trabajadoras no empezamos a salir.
Hay que apostar por mejorar el empleo, el salario y la seguridad y salud laboral, porque lo contrario vulnera derechos fundamentales. Su resultado será mayor productividad, mayor competitividad y calidad, y mayor consumo.
