Dentro del estropicio perpetrado con la Cam, a finales de febrero la magistrada Teresa Palacios consideró inocentes a Roberto López Abad, director general de la extinta, y a Juan Ramón Avilés, presidente de la comisión de control, de los delitos de apropiación indebida y administración desleal por los que se les pedía hasta diez años.
La sala concluyó que la idea „llámenle tejemaneje„ de crear una comisión para elevar remuneraciones no partió de Abad sino del consejo presidido por Vicente Sala, que en paz descanse. Gracias a ello, los encartados no tendrán que devolver los cerca de dos millones de euros que se enfundaron en dietas. ¿Descansarán en paz?
Esta semana, después de más de tres años de las historietas y paripés ofrecidos por la comisión de investigación, las formaciones de las Cortes Valencianas han advertido que los máximos responsables del hundimiento de la CAM fueron el consejo y los directivos y miembros de la comisión de control, a los que consideran que se enriquecieron con «sueldos desorbitados, dietas y otras prebendas, mientras condujeron a la caja con negocios temerarios en el sector inmobiliario».
Ahora ya sabemos quiénes son más lentos que los encargados de reparar una injusticia: los que nos legislan. Y conocemos de sobra que hasta el menos malo de los sistemas es imperfecto, pero igual podrían aplicarse.
El zorro también llegaba antes para socorrer a los que habían sido desplumados. Además del atraco cometido con las cuotas y las prefe, aquí se ha dejado huérfano a todo un territorio del amparo social, cultural y recreativo que los impositores se procuraron por generaciones con sus esforzadas aportaciones. Pero, a lo que se ve, nadie está por la reparación. Y menos los zorros, algunos de los cuales „los más dañinos„ desaparecieron de escena mucho antes de crearse la comisión.
