Vaya por delante que soy lectora habitual y admiro la excelente, certera y elegante pluma de la que hace gala el articulista Ángel Montiel. Dicho esto quiero precisar algunos aspectos relacionados con su artículo del pasado domingo, en el que bajo el título Acosado sin tregua hablaba de las denuncias formuladas por el PSOE de Puerto Lumbreras respecto de la gestión de este Ayuntamiento.
En primer lugar quiero invitar al articulista a la reflexión serena sobre el asunto, pues considero que se trata de un tema muy serio por el fondo de la cuestión, que fue tratado con excesiva ligereza pese a que los hechos nos dan la razón.
Cuando afirma que el PSOE de Puerto Lumbreras, «humillado electoralmente una y otra vez por Sánchez hasta conducirlo a la irrelevancia, optó por la vía judicial antes que por la política para hacer su labor de oposición...» se decanta claramente por una parte y obvia la dura realidad en la que tuvieron que desempeñar su labor los concejales socialistas durante el mandato del exalcalde, quien vulneraba derechos constitucionales de acceso a la información, negando el acceso a la misma a los concejales socialistas.
Los socialistas no tenemos animosidad personal alguna contra Pedro Antonio Sánchez, pero sabemos muy bien lo que denunciamos y porqué; nada más lejos de nuestra intención que hacer de Sánchez una víctima que no es.
La pregunta que hacemos es cómo debemos actuar los políticos cuando, como en el caso de los socialistas de Puerto Lumbreras, tienen que soportar día a día que la mayoría gobernante pretenda anular por todos los medios su labor de control e impulso al gobierno. Ojalá nuestros compañeros del Partido Socialista en Puerto Lumbreras hubieran podido desempeñar normalmente su tarea política de oposición, algo imposible porque el Partido Popular, con abuso de poder, lo impedía.
Los socialistas denunciamos que el consejero mintió en la Asamblea y lo mantenemos. Afirmamos que no eran quince sino doce las denuncias presentadas por el PSOE por irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, la mayoría contencioso administrativas, en la Junta Electoral y sólo dos procedimientos penales. Algo a lo que el articulista resta importancia, pero la tiene y mucha. Porque ahí se demuestra que los concejales socialistas hacían su trabajo y velaban por el interés general.
En realidad, de las doce denuncias sólo dos son procedimientos penales abiertos contra Pedro Antonio Sánchez: uno, al hilo de varias denuncias contra el ayuntamiento de Puerto Lumbreras de las que se desgajó una causa contra el consejero por un presunto delito de prevaricación, relacionado con la compra de su vivienda; y el segundo, por la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el pago de más de seis millones por un auditorio en Puerto Lumbreras.
Unos hechos suficientemente graves y ante los que nadie hubiera entendido el silencio del Partido Socialista, dada la apreciación del fiscal de los delitos de prevaricación y cohecho y la imputación formal del ahora consejero por parte de jueces y fiscales.
Si hablamos de los procedimientos ante la Junta Electoral, causa de otras denuncias interpuestas por los socialistas de Puerto Lumbreras, podemos afirmar que el Ayuntamiento vulneró durante la campaña electoral las leyes electorales vigentes. Las reglas de la democracia son iguales para todos y es obligación de los partidos denunciar ante la Junta electoral todas las irregularidades que se produzcan; para eso está y el Partido Popular de Puerto Lumbreras puede dar cuenta de ello, porque también ha denunciado en alguna ocasión.
La mayoría de los procedimientos que el PSOE de Puerto Lumbreras inició en principio no fueron contra el exalcalde en sí, sino en legítima defensa de sus derechos como cargos electos por los ciudadanos de ese municipio. De hecho, esas denuncias no han quitado un ápice de razón al Partido Socialista y ahí están los resultados: la condena al ayuntamiento de Puerto Lumbreras y al exalcalde, aunque en el citado artículo no se haga ninguna referencia.
¿Cree también Ángel Montiel que el Partido Socialista hizo mal denunciando esta irregularidad que ha costado a los bolsillos de los ciudadanos mucho dinero? ¿a quién cree que tendría que haber denunciado? ¿cómo había que actuar entonces?
No tenemos nada que decir sobre la forma en que está planteado el artículo, denota un perfecto dominio de las palabras y está claro que esta humilde reflexión no puede competir. Tampoco nos molesta la crítica, sea bienvenida siempre si sirve para avanzar en la mejora de nuestra Región. Sin embargo, la verdad es siempre la verdad, la diga quien la diga y el ayuntamiento de Puerto Lumbreras, con Pedro Antonio Sánchez a la cabeza vulneró derechos e impidió la legítima labor de la oposición durante su faceta de alcalde. A la oposición sólo le quedó acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos y para poner en conocimiento de las autoridades competentes la existencia de un delito en la gestión de lo público.
Nosotros hemos hecho una exposición de los hechos, que cada uno saque sus propias conclusiones.
