Reformar evaluando

Echo en falta que, anteriormente, no haya resaltado los beneficios procedentes del exterior, como las actuaciones del BCE que han puesto fin a la crisis de deuda soberana en los países periféricos, lo que nos ha permitido ahorrar mucho en intereses y, por tanto, disminuir nuestro déficit público. Simultáneamente, también ha dicho que España ha superado sus desequilibrios internos, dando así a entender que, por lo que a nosotros respecta, tenemos los deberes hechos, o casi.

No perderé el tiempo en citar múltiples mostrar cuántos desequilibrios mantiene la economía española, porque hasta él mismo sabe que lo que ha dicho no es cierto. Otra cosa es que planteara que algunos de ellos se han corregido parcialmente, a lo que tendría que añadir que la propia crisis ha contribuido a ello, por ejemplo, en lo que se refiere al déficit en nuestra balanza por cuenta corriente, en el que, por cierto, parece que volvemos a incurrir.

En definitiva, parece que nuestro ministro „ya que parece que el presidente todavía no se ha enterado„ viene a reconocer, con un cierto retraso, que también estamos ante un problema de demanda, sin que ello impida renunciar a las reformas que sean precisas. De una de ellas, que me parece muy conveniente, hablaré hoy.

Es incuestionable que cualquier economía, y en particular la nuestra, requiere de un horizonte de estabilidad presupuestaria, lo que no resulta sencillo, particularmente con la evolución demográfica que está produciéndose y la que se prevé. El envejecimiento de la población introduce una tendencia expansiva en el gasto, por sanidad, por dependencia y, sobre todo, por pensiones. Si, como al menos en mi opinión, resulta imprescindible que el Estado garantice la igualdad de oportunidades, de ello se deriva, igualmente, un elevado gasto público. Pero además, uno de los desafíos más importantes de nuestra economía a medio y largo plazo consiste en que seamos capaces de dotar de estabilidad el vigor con el que hay que dotar al gasto en capital humano, en infraestructuras públicas adecuadas y en I+D+i. Los datos demuestran que España, contra lo que muchos opinan, no es un país con un gasto público elevado; ni es verdad que tenemos una presión fiscal excesiva; ni tampoco lo es que tengamos demasiados funcionarios públicos. Al menos no incurrimos en ninguno de estos posibles defectos frente a la mayor parte de países avanzados de nuestro entorno.

Nuestro déficit presupuestario es fundamentalmente estructural y está más asociado a la insuficiencia de ingresos que al despilfarro de los gastos, si bien, es necesario profundizar en una austeridad, bien entendida, lo que no debe confundirse con recortes en el gasto social. Es imprescindible, por una parte y en primer lugar, priorizar los gastos, y, por otra introducir, de una vez, de forma sistemática y permanente, la evaluación externa de las políticas públicas. La evaluación de programas y políticas públicas es una materia que, desde el nacimiento de la democracia y hasta el momento, se ha ido aplazando.

Sin embargo, un Gobierno que esté realmente dispuesto a ganar en transparencia y a favorecer la competitividad del gasto, así como a poner orden en sus políticas, debe recurrir a procesos de evaluación externa e independiente, tal y como hacen desde hace tiempo muchos países occidentales. La valoración de una política pública, para ser útil, ha de realizarse por expertos independientes, y no por la propia Administración que está encargada de ejecutarla. Estos expertos han de seleccionarse conforme a un proceso que sea absolutamente transparente y ha de garantizárseles pleno acceso a toda la información que reclamen y, por supuesto, han de cumplir estrictas normas de confidencialidad y someterse a las pruebas precisas para garantizar eventuales conflictos de intereses.

En España no estamos acostumbrados a ello. Es más, las escasas experiencias en materia de evaluación de políticas públicas suelen tener demasiada subordinación al Gobierno que la encarga, por lo que su valor real es muy limitado. En demasiadas ocasiones los Gobiernos explican sus decisiones, exclusivamente, por razones ideológicas. No seré yo quien cuestione la validez de la ideología para justificar una política, pero sí puedo afirmar que con ello no es suficiente, hacen falta más cosas, si, además, pretendemos que, por ejemplo, las políticas decididas sean eficaces y eficientes.

Una evaluación independiente y externa, bien realizada, pone de manifiesto un conjunto de evidencias que ayudan a los políticos y a los gestores públicos a tomar decisiones mejor informadas. Y tomar decisiones mejor informadas suele conducir a la adopción de ´mejores´ políticas. Quizá por ello, no todos los políticos „y parece que los españoles no han estado, al menos hasta el momento, por la labor„ comparten las bondades de la evaluación externa.

Keynes dijo una vez que «no hay nada que un gobierno odie más que estar bien informado, pues hace que el proceso de toma de decisiones sea más complejo y difícil». Para tomar las mejores decisiones, y, por tanto, para tener mejor capacidad para resolver problemas, es necesario obtener mucha información cuantitativa de la máxima fiabilidad.

En definitiva, se trata de instrumentar lo mejor posible los programas y las políticas de unas Administraciones que, en último término, son grandes empresas de servicios. Consiste en complementar el control de legalidad, con una evaluación sobre los resultados obtenidos de su aplicación. Estamos de acuerdo con que hay que avanzar en las reformas. Adelante, introduzcamos de forma valiente la evaluación externa e independiente de las políticas públicas, no con la intención necesariamente de suprimir programas „lo que podría ser una tentación conservadora de quienes piensan que el sector público molesta„ sino de hacer más eficaces y eficientes aquellos que realmente sean convenientes.