Titulaba el diario Arriba el 11 de febrero de 1959 que el Gobierno «usará del rigor de la ley contra quienes, directa o indirectamente perturben el orden, la paz y la unidad». Y ahora, 55 años después, seguimos preocupados por la seguridad ciudadana.

No quiero decir que estemos igual, ni mucho menos, sino que no es una cuestión nueva, pues siempre ha preocupado al legislador de turno el que los ciudadanos estemos protegidos, seguros y seamos libres. Lo malo es que, a veces, bajo capa mendaz de esos derechos inalienables, se esconde un afán exclusivamente recaudatorio. Cosa que tampoco digo yo de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que desde que se preparó hasta su reciente aprobación por el Consejo de Ministros se ha visto modificada y rebajada en su contenido en numerosas sanciones y faltas administrativas. Y lo que te rondaré morena, hasta que llegue a su aprobación total por ambas cámaras legislativas. E incluso después de su aprobación, pues la ley de tasas, solamente a los 23 días de su publicación en el BOE, fue reformada por otra nueva norma en un 80%, que ya es modificar.

Desde los escraches hasta colgarse de la pared de un edificio es contemplado por la ley. Pasando por el botellón y la grabación de imágenes policiales, a pesar de que gracias a estas grabaciones se ha podido saber la verdad en alguna ocasión de lo sucedido en una manifestación. Una cosa es proteger la identidad de los miembros de las fuerzas del orden, y otra es impedir su grabación siempre. Por eso será preciso matizarlo, y mucho me temo que no va a ser el legislador el que lo haga, sino que los tribunales de Justicia a golpe de jurisprudencia quien lo consiga. Otra matización digna de ser corregida es el tema de las multas, sobre todo en el botellón o la tenencia de droga para consumo propio.

La multa, en mi opinión no es la solución más adecuada, sencillamente porque los autores de la infracción suelen ser insolventes, y se está castigando a los padres por la conducta de sus vástagos. Y no me vale decir que deberían controlarlos, porque eso es una utopia en la mayoría de los casos, por razón de edad y de la misma sociedad, que es tolerante en esa forma de diversión. Por lo que propongo, que a esos jóvenes que son cogidos in fraganti por la Policía bebiendo, o con droga en la vía pública, no se les multe, sino que se les impongan trabajos en beneficio de la comunidad.

Una temporadita viendo como pasan el mono los drogadictos, o limpiando parques, reeduca mucho más que una sanción económica que no la van a pagar de su bolsillo. Además, si se le ocurre a usted recurrir una de esas multas va a tener que acudir, a la postre, al orden judicial contencioso administrativo, pagando procurador, letrado y tasas judiciales. Mejor que pague la multa, que le saldrá más barata.

Por eso, y porque en definitiva se están cercenando garantías procesales y de defensa, esta ley no beneficia al ciudadano, al despenalizar ciertas conductas. La no intervención de un juez, un fiscal y un abogado merma garantías siempre, y porque lo que va a suceder es que esas faltas hasta ahora penales, se pasan unas a delitos leves, y otras a sanciones administrativas.

Las primeras siguen, pues, criminalizadas, y las segundas llevan aparejada una multa a veces excesiva, y casi siempre imposible de cobrar, pues además se prescinde ya de la capacidad económica del infractor a la hora de graduar la multa y su forma de pago, como ahora se hace judicialmente.