Los españoles nos unimos hoy, como cada 6 de diciembre, para conmemorar la aprobación, vía referéndum, de la Constitución de 1978 y, como consecuencia de la misma, para festejar nuestra condición de ciudadanos de un Estado en el que la libertad, la democracia y los derechos fundamentales de las personas están reconocidos y protegidos por nuestra Carta Magna.

Hace, hoy 35 años, millones de españoles fueron partícipes de uno de los acontecimientos más importantes de nuestra historia reciente, expresando con su voluntad el sentir mayoritario de una nación y sus ansias por vivir en un régimen democrático y de respeto a las libertades. En una España más solidaria, unida, generosa, justa y respetuosa con las singularidades territoriales. Principios y valores, todos ellos, inspiradores de una experiencia constitucional que está considerada todo un referente internacional y que fue, asimismo, tomada como modelo en otros países.

Desde entonces, la norma fundamental de nuestro corpus legislativo, fruto del consenso y de superar diferencias hasta ese momento irreconciliables en aras del bien común, ha sido el firme baluarte de nuestro sistema democrático frente a las amenazas planteadas por la violencia terrorista, la intolerancia, la discriminación, la desigualdad o los desequilibrios territoriales. Una labor que nuestra Carta Magna ha desempeñado con acreditada eficacia, contando para ello con el Tribunal Constitucional como última instancia a la hora de proteger la legalidad vigente, así como los principios y valores sobre los que se asienta nuestro Estado Social y de Derecho.

Comparada con las constituciones de los países de nuestro entorno, la española es aún joven para ser objeto de más reformas y cambios a corto y medio plazo, aunque lo suficientemente madura para afrontar con serenidad y sin urgencias las modificaciones que se consideren necesarias para seguir cumpliendo con eficacia su trascendental misión.

Porque nada hay en contra de reformar nuestra Carta Magna, sino, más bien, al contrario. Constituye un ejercicio de responsabilidad política modificarla en todas aquellas áreas que se juzguen necesarias, pero siendo fieles al espíritu de consenso que alumbró su gestación, propiciando acuerdos y sin transgredir nunca esas líneas rojas cuyos límites marcan el respeto a la igualdad, a la libertad y a la soberanía compartida por todo el pueblo español.

Los españoles estamos, por tanto, en deuda con una Constitución que durante los últimos 35 años ha salvaguardado nuestros derechos y libertades, ejerciendo también como un punto de encuentro, más que de controversia, en aquellas cuestiones que afectaban de manera fundamental a nuestra convivencia. Una gran norma sobre la que se ha implantado un modelo como el autonómico, que ha permitido acercar las instituciones públicas al ciudadano y articular unas relaciones en pie de igualdad entre las diferentes regiones de España, reforzando la solidaridad y la cooperación entre todas ellas, regulando asimismo la gestión, el uso y disfrute de recursos estratégicos que, como el agua, pertenecen a todos los españoles.

Es hora, pues, de devolverle parte de lo mucho que nos ha dado durante el periodo de convivencia en paz y libertad más prolongado de nuestra historia. Con mayor motivo, ahora que desde diferentes ámbitos se acusa a nuestra Carta Magna de ´inmovilismo´ y se cuestiona su adecuación al escenario actual por parte de ciertos sectores nacionalistas e independentistas, así como por los promotores de un federalismo tan difuso en sus límites como vacuo en sus objetivos. Frente a quienes demandan tan drásticos cambios en la organización territorial de nuestra patria, corresponde al pueblo español, el único que detenta la soberanía nacional, unir filas en defensa de nuestra norma fundamental, porque, defendiendo la Constitución, es como mejor defendemos a España.

Hoy por tanto, también hemos de congratularnos porque en nuestra ´Ley de leyes´ disponemos de un instrumento legal de primer orden sobre el que poder construir con todas las garantías nuestro futuro; un apasionante desafío colectivo en el que todos y cada uno de los españoles tenemos tanto que decir y que decidir.