El ministro de Educación en el Gobierno de Rodríguez Zapatero, Ángel Gabilondo, presentaba el 22 de abril de 2010 el documento de Propuestas para un Pacto Social y Político por la Educación ante la Conferencia Sectorial de Educación en la que estaban presentes los consejeros del ramo de las Comunidades autónomas. Fue la vez en la que se estuvo más cerca de alcanzar un verdadero Pacto de Estado entre todas las fuerzas sociales y políticas para conseguir un acuerdo que, de una vez por todas, diera a este país unas normas sobre educación que no sufran cambios periódicos ya que el escrito recogía aportaciones de todas las Comunidades autónomas así como de la comunidad educativa.

El documento, presentado en el Consejo Escolar, reflejaba un amplio consenso. Parecía que, por una vez, los partidos políticos se dejarían de personalismos y pensarían en una educación, la española, que es fiel reflejo de los vaivenes que sufren sus leyes cada vez que un partido político, de distinto signo, llega al poder. Incluso Mariano Rajoy dijo algo que, en aquel momento, sonó esperanzador: "Hay muchas cosas que plantea Gabilondo que las voy a apoyar", pero se quedó en eso, porque estudiado el documento, oída la opinión de la Iglesia católica -obsesionada en dar por finalizada la Educación para la Ciudadanía, por influir en el Gobierno-, vistos los intereses de la educación concertada, de la privada, Rajoy dijo aquello de que "con esto no se arregla el problema de la educación".

Y es posible que llevase razón, sobre todo si el PP se negaba, como hizo, a entrar en ese Pacto Político por la Educación, pero es fácil deducir que un documento que contaba con el visto bueno de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) porque consideraba que era "vital para el desarrollo" y "una exigencia de la sociedad", era mucho más de fiar que el presentado por el señor Wert, elaborado de espaldas a la comunidad educativa, cargado de falta de diálogo y de imposición unilateral de un modelo que chirría mucho: confiemos en que a su paso por el Congreso pueda encontrar el equilibrio necesario, el consenso que una Ley tan fundamental demanda.

El Gobierno, el muy controvertido ministro Wert, están a tiempo de acercarse a lo que España necesita: un sistema formativo duradero -esta será la séptima norma educativa en 37 años de democracia-, un sistema pedagógico que no cambie según el color del Gobierno de turno. Y en esto todos han de ceder, la derecha y la izquierda, porque con imposiciones de unos y otros continuaríamos igual por los siglos de los siglos; igual significa proseguir engordando las cifras de fracaso escolar que sitúan a nuestro país casi el doble por encima de la media de la UE. Y, sinceramente, no veo que el camino de la solución de este grave problema sea eliminar Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos si tenemos en cuenta que la asignatura cumple con una recomendación del Consejo de Europa de 2002, en que se afirma que "la Educación para la Ciudadanía democrática es esencial para la misión principal del Consejo, como es promover una sociedad libre, tolerante y justa, además de contribuir a la defensa de los valores y los principios de libertad, pluralismo, derechos humanos y Estado de Derecho que constituyen los fundamentos de la democracia".

No, no creeo que este enunciado sea peligroso. Tampoco pienso que sea peligrosa la asignatura de Religión -la nueva asignatura de Religión será evaluable con una nota que contará para la media del curso a todos los efectos-, pero mantengo que el Gobierno ha de tener en cuenta que la Constitución de 1978 define al Estado como aconfesional. Creo que tendría que respetarlo.