Una amenaza terrible se cierne sobre el maltrecho sistema educativo español ya en malas condiciones por los recortes de los últimos cursos: se trata de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa). Está en fase de proyecto de ley y será presentada a trámite parlamentario en los próximos días. No se trata simplemente de otra ley educativa más que los estamentos del sistema educativo tenemos que sufrir como cada vez que hay un cambio de Gobierno; ojalá fuera sólo eso. Desgraciadamente es algo muchísimo peor, se trata de una ley que si la sociedad española no logra parar va a modificar profundamente la naturaleza de la escuela pública que disfrutamos, con todas sus virtudes y defectos, en los últimos años.
Por supuesto la ley sólo existe como borrador, dos se han presentado hasta el momento, y puede ser modificada en su trámite parlamentario, pero las circunstancias políticas (la mayoría absoluta amplia del partido en el Gobierno y la voluntad de imponer unas medidas de fuerte carácter ideológico, que satisfagan a los más radicales de sus partidarios y compensen los incumplimientos de promesas económicas) hacen temer que la ley saldrá adelante con sus graves defectos actuales y en el tiempo más breve posible.
Ante la imposibilidad de analizar la LOMCE en todos sus aspectos negativos en el corto espacio de este artículo, me centraré tan sólo en tres de sus novedades fundamentales que pueden a su vez representar los tres elementos especialmente negativos del nuevo proyecto: crea una escuela segregadora (a), autoritaria (b) y con una presencia mayor de lo religioso (c), y todo dentro de unos objetivos generales de corte estrictamente neoliberal. Como se puede leer en el prólogo de uno de los borradores, el objetivo de la ley es exclusivamente formar trabajadores que compitan en el mercado laboral. Olvidémonos, por tanto, de formar ciudadanos o de proporcionar una formación cultural.
a
En la nueva ley se introducen varias pruebas de nivel en distintos momentos del proceso educativo. Estas pruebas, a las que se evita llamar reválidas, separarán al alumnado en diversos itinerarios que no se comunican entre sí posteriormente. Es decir, si un niño o niña de una edad determinada no supera una de estas pruebas pasará a un plan B, un auténtico ghetto educativo. Las medidas de refuerzo para el alumnado con necesidades especiales disminuyen drásticamente frente al modelo actual pero no permiten en ningún caso reincorporación alguna a la vía principal.
Pero el efecto segregador no queda limitado al alumnado; el propio centro educativo quedará evaluado por los resultados conjuntos de estas pruebas y pasaría a recibir más o menos recursos en función de su éxito o fracaso en los resultados que evaluaría una agencia externa a la propia escuela. Dado que los resultados se harían públicos, el efecto a los pocos años es fácil de presuponer: los mejores alumnos y alumnas tenderían a ir a los centros con mejores resultados que, previsiblemente, cada vez los tendrían mejores dado que dispondrían de más recursos y alumnos que parten ya con una preparación mejor. Y lo mismo pasaría con los peores centros, que serían aún peores y con un alumnado más necesitado de ayuda escolar.
Si a esto le añadimos las facilidades dadas a los centros privados concertados, de la que hablaremos más adelante, el resultado será que frente a la escuela pública actual, bastante equitativa, habrá una gran diferencia socioeconómica entre los centros futuros.
b
Pero, además, la nueva escuela es profundamente autoritaria. Y esto es así no sólo porque se suprima la capacidad de decisión de los órganos de participación (los actuales Consejos Escolares en los que participan representantes de todos los estamentos educativos) sino, sobre todo, porque se dan unas atribuciones a la dirección que incluyen la selección de personal. En una peculiar interpretación del concepto de autonomía de los centros educativos, es la dirección la que tendrá capacidad de decisión sobre incluso las asignaturas o diferentes opciones que se implanten en el centro y esto estará por encima del actual sistema de propiedad de plazas por parte de los funcionarios que rige actualmente. Como a su vez los directores son elegidos por la Administración es fácil adivinar lo que pueda pasar con el personal que se muestre rebelde ante las autoridades.
c
Por último la ley supone un grave retroceso en el tema de la confesionalidad religiosa. La Iglesia católica consigue, además de la eliminación de la asignatura de Ciudadanía, una reivindicación que venía sosteniendo desde hace años: para reforzar el peso de la Religión en el expediente académico se hace que la asignatura alternativa para quien no desee cursar Religión sea también evaluable. Además, y para colmo, esta asignatura consistirá en Valores Éticos. El mensaje es claro y directo: los que no cursan Religión necesitan una guía suplementaria.
Un aspecto más en el que se beneficia directamente a la Iglesia católica es en lo relativo a los centros privados concertados (no olvidemos que la inmensa mayoría son de carácter religioso). Se facilita la concertación, extendiéndola incluso al Bachillerato (algo que no sucedía hasta ahora) y además se blindan explícitamente los centros que segregan por sexo (en este caso los beneficiados son directamente ciertas organizaciones religiosas como el Opus Dei ) a los que no se les podrá retirar el concierto por ese motivo.
En resumen, la situación es tan grave que no resulta nada extraño que se hayan convocado una serie de movilizaciones que tienen como acto principal una huelga general del sector para el próximo 9 de mayo. Convoca la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, que incluye a organizaciones tanto de docentes como de alumnado y de madres y padres de todas las etapas de la enseñanza.
