El paro vuelve a ser, un año más, la cara más descarnada de las políticas que intentan afrontar la crisis económica desde la austeridad y el deterioro de los derechos laborales y sociales. La otra cara, para quienes mantienen su empleo, es la precariedad creciente de las relaciones laborales, auspiciada por la reforma laboral y promovidas por una patronal que en este contexto encuentra las oportunidades propicias para reducir sus costes de producción, siempre sobre la base de la reducción de salarios y el deterioro de las condiciones de trabajo.
La única vía de creación de empleo, nos dicen, son trabajos pequeños, esporádicos, poco regulados, pero que permitan a las personas 'dejar de vivir del cuento' -de las prestaciones- y tener un empleo. La precariedad generalizada, con denominación inglesa y patente alemana -minijobs-, nos es ofrecida como la garantía del derecho al trabajo, como la única posibilidad de generar empleo, en una lógica que conecta los menores derechos y las peores condiciones con el mayor crecimiento del empleo.
Así, la alternativa que nos presentan los austericidas no es paro o precariedad, sino el crecimiento del paro y de la precariedad de forma paralela, con un deterioro nefasto de los derechos laborarles -vía reformas legislativas 'estructurales'- y de los derechos sociales -reducción de prestaciones y servicios públicos-, una ecuación que pese a su dramatismo no se está abordando en nuestro país.
6.202.700 personas paradas en nuestro país (221.200 de ellas en la Región de Murcia con la cuarta mayor tasa de paro del país, un 30,37%) se merecen otra respuesta de nuestro Gobierno, necesitan atención, políticas que incidan sobre la actividad económica y sean generadoras de empleo, inversiones necesarias para que nuestro país no esté condenado al ostracismo en el contexto de una Unión Europea sin la cohesión social como objetivo estructural.
No se pueden diseñar instrumentos que permitan la inversión de miles de millones de euros -de nuestros impuestos- en el rescate y sostenimiento del sector financiero mientras la mayoría de la ciudadanía, castigada por el paro, la precariedad, y, cada vez más, el hambre, se siente abandonada por las políticas aplicadas.
El camino de la austeridad, de las políticas de reducción de derechos y depresión de las condiciones de trabajo no han logrado uno sólo de los objetivos para los que estaban diseñadas, principalmente orientadas hacia el control del déficit público. ¿Por qué no rectifican? ¿Por qué no se revierten las nefastas medidas emprendidas una vez que han demostrado, suficiente y cruelmente, su fracaso?
¿Acaso no son tan conscientes como las personas paradas, la juventud, los trabajadores y trabajadoras, los pensionistas, los empleados públicos, las personas inmigrantes, de que estamos en un camino hacia el hundimiento del proyecto social y democrático que supuso la Constitución de 1978? Cuando desde el Congreso de los Diputados, desde la Asamblea Regional o desde San Esteban, analizan la realidad ¿están mirando por la ventana donde se aprecian las dificultades para que la juventud pueda desarrollar su proyecto vital? ¿o por la mirilla donde trabajadores y trabajadoras mayores de 50 años se ven expulsados de su empleo, con 20 días por año y 12 mensualidades máximo, sin posibilidad de retorno? ¿No ven como el deterioro de los servicios públicos genera mayores desigualdades sociales?
¿Están mirando por la ventana de quienes piden una Renta Básica de Inserción y no la reciben, renta que desde 2007 es un derecho subjetivo pero que el Gobierno regional se empeña en obstaculizar, defraudando el mandato recibido por la Asamblea Regional? ¿O acaso están observando como la merma de las ayudas está deteriorando la atención a las personas dependientes? ¿En nuestra región son conscientes que una pensión media de 753 euros es el principal ingreso de muchas familias cuando cerca de 50.000 familias tienen a todos sus miembros activos en paro? -casi dos millones de familias tienen a todos sus miembros activos en paro en España-.
Tienen que ver esa realidad. El 1 de Mayo, y todos los días del año, quienes nos gobiernan deberían ver la impotencia reflejada en el rostro tenso de trabajadores y trabajadoras, desahuciados de sus casas y de sus proyectos vitales, desahuciados por una sociedad cada día más injusta y excluyente.
La Renta de Inserción, garantizada a quienes no tienen otro sustento, es una obligación de nuestro país con quienes la economía y las políticas de austeridad están condenando. Una política fiscal más equilibrada, orientada hacia la inversión productiva, y la reversión de la reforma laboral, son medidas imprescindibles para retomar una senda que haga compatible el crecimiento económico con la justicia social.
El 1 de Mayo CCOO y UGT hacemos un nuevo llamamiento a la defensa de nuestra democracia, del progreso social, de la justicia social, para que frenemos a quienes no tienen límite en el recorte de nuestros derechos.
