Hace ya varias semanas, en un programa de televisión, salía una pareja de ancianos de unos ochenta años con la cara ensangrentada y con una mirada de terror en los ojos después de haber sido víctimas de un robo con violencia en su vivienda. Según contaba el informador, tres encapuchados habían entrado en su casa por la tarde y habían atado y golpeado brutalmente a los ancianos para finalmente amenazarlos con matarlos a hachazos si no les entregaban el dinero. Mientras el informador les hacía varias preguntas sobre el momento de terror que habían vivido, el anciano comenzó a llorar en medio de un ataque de pánico.
Cada uno, a lo largo de su vida, ha ido acumulando una determinada cantidad de bienes que se ha ganado gracias a su esfuerzo y sacrificio diario. Nadie, absolutamente nadie, puede arrebatarle esos bienes. Ni siquiera en tiempos de crisis está justificado. Un individuo particular no es el responsable de una crisis general, y, por tanto, no tiene porque sufrir en sus carnes los desequilibrios que se hayan producido en un país por la aparición de una pobreza repentina. Aún así, se puede llegar a entender que una persona en un momento de desesperación robe un pollo, un paquete de macarrones o un trozo de pizza. Pero golpear a unos torpes ancianos de manera premeditada, planeando el ataque durante semanas, tirarlos al suelo, darles patadas en el estómago, humillarlos y aterrorizarlos hasta que no pueden controlar sus esfínteres, ponerles un hacha en la cabeza amenazándolos con cortársela; eso, sin lugar a dudas, no es propio de seres humanos.
El problema de la violencia y de los robos en España, sin embargo, no es solo culpa de la cantidad ingente de criminales propios y ajenos que viven en nuestro país o que vienen a él para delinquir. Una gran parte de la responsabilidad la tienen nuestros queridos jueces, cuya ética y profesionalidad dejan mucho que desear. Cada dos por tres leemos en los diarios o escuchamos en la televisión sucesos donde los criminales detenidos por un delito determinado tienen cinco, diez o veinte antecedentes. Ante esto, surge una pregunta inmediata que no tiene ninguna respuesta aceptable: ¿cómo una persona con diez antecedentes penales puede estar en la calle? Sin lugar a dudas, un país donde no existe justicia es un país ideal para que cualquier banda criminal se establezca en él. Por eso, las mayores bandas de delincuentes de Europa residen en el nuestro.
Un país avanzado se basa principalmente en un sistema de justicia, tanto penal como social, impecable. Nuestro país, en ese sentido, está en los límites del subdesarrollo más profundo. No existe estado del bienestar sin que los ciudadanos se sientan seguros en sus casas, sin que se sientan seguros para dejar a sus hijos solos en las calles. Los robos en las viviendas y la violencia aumentan en nuestro país día tras día, y aumentan gracias a la impunidad que existe para aquellos que cometen actos criminales, amparados por una justicia inútil que propicia que esos criminales, detenidos por la policía y entregados a los jueces, salgan a la calle más rápido que los propios policías en regresar a la comisaría. Y, por desgracia, no es una exageración.
