La violencia ejercida contra las mujeres, la violencia sexista y machista, no entiende de treguas. Es más, por desgracia tiene una gran facilidad para adaptarse a los nuevos tiempos y adoptar mayor presencia en la sociedad. Menos salarios por iguales empleos (las mujeres cobran un 22% menos que los hombres); dobles y triples jornadas de trabajo; menores tasas de actividad y porcentajes ínfimos de representación son unas pocas aunque duras muestras de que la brecha de la desigualdad es cada vez más patente.
Mientras tanto, los discursos que se escuchan desde la atalaya de los dirigentes políticos que nos gobiernan en las instituciones van orientados a hacernos creer que van a solucionar la lacra de la violencia contra las mujeres. Nada más lejos de la realidad. La verdadera arma para luchar contra ella es la apuesta decidida por una mayor inversión en los programas de prevención y de atención a víctimas, pero eso los Gobiernos regional y central no lo tienen en cuenta.
Es más, recortan y recortan, dejando a las mujeres en una gran situación de indefensión que puede entenderse, sin errores, como un maltrato institucional claro que se esconde detrás de la más pura hipocresía.
En el mundo, cada día mujeres son asesinadas por defender la educación de sus hijas. La explotación sexual y el enriquecimiento de las mafias, así como el aumento de feminicidios e imposición de obstáculos para el desarrollo de la mujer, muchas veces con la excusa de la religión, marcan la cruda realidad.
En España asistimos también a un escenario machista que obvia los derechos de la mujer. La modificación regresiva de la ley del aborto; las sentencias judiciales a favor del acoso sexual; la muerte de mujeres a manos de sus parejas; la dotación de subvenciones a centros educativos que segregan por sexo y divorcios que no pueden realizarse por falta de medios económicos. A esto hay que sumar el desmantelamiento de los organismos de igualdad que comenzó el PSOE y ahora continúa el PP.
El presupuesto del Gobierno del Estado para la prevención integral de la violencia de género se ha reducido un 27%, lo que representa más de ocho millones de euros desde el año 2011. Mientras, nuestra Comunidad Autónoma no se queda atrás y copia el modelo en los presupuestos para el 2013, con una reducción brutal del 25,23% „lo que supone un millón de euros menos que en 2012„ en el programa de prevención de violencia de género, siendo este descenso especialmente significativo en las transferencias a Ayuntamientos y a los centros de atención para mujeres.
Para atajar la violencia sexista hay que adquirir compromisos que impliquen a todas las instituciones y a la sociedad, para que ni una ni otra sean cómplices de esa barbarie. De la única forma que se puede conseguir ese objetivo es con inversión pública. Lo contrario, reducir los recursos, solo nos puede conducir a una situación todavía más desigual.
