No salgo de mi asombro, por decirlo con sutileza, cuando escucho o leo las argumentaciones de quienes pretenden suprimir en nuestra región organismos como el Defensor del Pueblo o el Consejo Económico y Social (CES).
Se dice que estos organismos son superfluos porque duplican competencias. Pero ¿qué significa esto?. Exactamente ¿qué es lo que duplican? No sé si estas personas y grupos políticos €como UPyD, que despliega el mantra de esta petición desde hace meses€, se dan cuenta de lo poco serio de estos argumentos. Sería como decir que hay que cerrar la Asamblea Regional porque genera gasto y ya hay un parlamento en España, o como pedir que se clausure la unidad coronaria del hospital de la Arrixaca porque duplica gasto con relación a la madrileña unidad coronaria del 12 de octubre.
Claro que en nuestros hospitales se atienden justo las mismas dolencias cardiacas que en Madrid, y bien cierto es que el papel de nuestra Asamblea Regional haciendo leyes y regulando la cosa pública es calcado al del parlamento estatal. Pero para lo nuestro, sin posibilidad de ser sustituidos por otros entes lejanos que nos den el mismo servicio. Me parece más que obvio. Y en cuanto al gasto presupuestario, comprensible preocupación en estos tiempos oscuros, también ingenuamente me pregunto: ¿Alguien de entre los solicitantes ha consultado los presupuestos de estos organismos y los ha comparado, en relación con el servicio que prestan, con otros departamentos de la Administración? Cuando lo hagan, por favor, repiensen el argumento.
Quizás sea cierto que en otras Comunidades autónomas sus respectivos Defensores o CESs sean un ejemplo de derroche de dinero público, con asesores sin medida, lugar de políticos en retirada con buenos sueldos, coches oficiales o gastos suntuarios, pero les aseguro que eso en nuestra región no ocurre. Todo lo contrario. Tanto nuestro Defensor del Pueblo como nuestro Consejo Económico y Social despliegan sus esfuerzos y ofrecen un excelente resultado a nuestra democracia con unos medios extraordinariamente modestos y del todo justificados. No creo que todas las entidades de la Administración puedan lucir tan a las claras su productividad. En particular el hachazo presupuestario que ha sufrido el Defensor del Pueblo me parece singularmente injusto. El Defensor es una entidad cercana y garante de los derechos ciudadanos que son precisamente los que corren mayor riesgo en tiempos de crisis y cuya defensa, por tanto, hay que ejercer. Por su parte, el Consejo Económico y Social es el perfecto lugar de encuentro entre los agentes sociales que tienen tanto que decir, y tan contrastadamente bien lo han venido haciendo, sobre las cosas que de verdad importan a los murcianos, las leyes que nos gobiernan, nuestro escenario y nuestras posibilidades de desarrollo socioeconómico inteligente.
Sería peligroso, quizás subyaciendo también la descreencia visceral en la arquitectura autonómica de España, que el demagógico argumento de la crisis afectara a estos organismos que son reconocidamente útiles y, sobre todo, que elevan la calidad de nuestra democracia. Por favor, miren para los recortes administrativos hacia otros lados, que seguro que encontrarán mejores caladeros para el argumentario.
