Ha transcurrido algo más de un mes desde el terremoto de Lorca. En aquellos tristes días estábamos en plena campaña electoral y el presente artículo no resultaría oportuno. Ahora, cabe esperar que lo sea. Resulta obvio que, a lo largo del ejercicio presupuestario, hay cierta probabilidad de que se produzcan contingencias que, por imprevisibles, no es factible afrontar mediante las partidas habituales y, por tanto,
exigen la movilización de recursos adicionales, que pueden llegar a incrementar de forma sensible el déficit previsto.
Por ello, en los presupuestos de la Administración General del Estado figura, desde 2003, un Fondo de Contingencia. Fue creado siendo Rodrigo Rato el vicepresidente Económico del Gobierno que, por otro lado, siguió las orientaciones del Pacto de Estabilidad, mediante el cual se persigue que los Estados de la Eurozona no incurran en coyunturas no recesivas en déficits públicos excesivos, es decir, no superiores al 3% del PIB. Se consideró, con buen criterio, que lo más razonable era instituir el mencionado Fondo, reservando una pequeña parte del total de ingresos públicos para sufragar el gasto provocado básicamente por diversos desastres naturales, desde incendios forestales a terremotos y riadas.
Desde 2003 a 2007, la economía española disfrutó de una intensa expansión que supuso un período de vacas gordas para las diversas haciendas públicas incluyendo, por supuesto, las de las Comunidades autónomas. Algunas crearon ese Fondo de Contingencia que, dicho sea de paso, una vez constituido genera ingresos patrimoniales a través de los intereses recibidos. Cabe citar entre ellas a Cataluña y Galicia. Otras optaron por no hacerlo; se ve que el riesgo de que se produzcan determinadas catástrofes naturales es en ellas inferior. Entre estas últimas se encuentra la Región de Murcia. Nunca hemos tenido un Fondo de Contingencia en los presupuestos generales de la Comunidad autónoma. Cualquier hogar sabe, como las hormigas, que es deseable disponer de una reserva de recursos para prevenir gastos imprevistos, mucho más si se atraviesa una favorable coyuntura económica. Nuestras autoridades presupuestarias jamás han considerado oportuno seguir tan prudente proceder.
Proceder que, por otro lado, no tiene nada de derechas ni de izquierdas; todo lo que tiene es sentido común lo que, con lo poco que abunda, hay que valorarlo en sus justos términos. Y el sentido común nos dice que si la sociedad está de acuerdo en que una parte de los recursos públicos debe orientarse a sufragar ciertas situaciones de emergencia que pueden sufrir una parte de los ciudadanos —desde el paro hasta la enfermedad— también es necesario que en caso de destrucción de viviendas, negocios y vidas se opere con la misma lógica. Y esa debería ser la primera y principal forma de solidaridad con Lorca y sus habitantes.
Pero no se ha previsto y, por tanto, las formas de apoyo que tendrían que ejercer un papel subsidiario pasan a ser las más importantes y hay lamentablemente que decir que, a río revuelto, ganancia de ciertos pescadores que, de forma interesada, pretenden hacer colar la solidaridad
con la publicidad.
Aclaremos que el Gobierno central —que tanto nos maltrata— tiene, como se ha dicho, ese Fondo de Contingencia: 2.472 millones de euros en los presupuestos de 2011, lo que equivale al 1,2% del total de gastos. Esa misma fracción, aplicada a los presupuestos de nuestra Comunidad autónoma supondría un fondo de 56,9 millones de euros que, sin duda, contribuirían a reducir el largo trecho existente entre los dichos y los hechos registrados a lo largo del último mes.
Se podrá decir que, para eso, ya tenemos a la Administración General del Estado. Ya es sabido: para eso y para casi todo lo demás. Claro que el perverso corolario de tal razonamiento es que lo que no sabemos es para qué sirve nuestra Comunidad autónoma, puesto que no tiene responsabilidad alguna en la mayor parte de los males que aquejan a la Región. Pero ese razonamiento resulta inconsistente porque, en España, el gasto de las Comunidades autónomas multiplica por dos al realizado por el Gobierno central y, por consiguiente, es en primer lugar a ellas a las que hay que exigir que se doten de los recursos necesarios para sufragar los imprevisibles gastos provocados por tan terribles calamidades.
Desde 2008 atravesamos una situación recesiva que ha dañado seriamente las arcas autonómicas. Ahora, para los presupuestos de 2012, hay mayores dificultades para instrumentar un Fondo Regional de Contingencia. Pero creemos que algo se debería hacer al respecto si, como se declara, se considera prioritario el apoyo a las familias y empresas que se encuentran en un trance tan adverso como el que nos ocupa. Si se hace, mejor para todos, empezando por los próximos damnificados que, inevitablemente, los habrá. Si, para seguir con la misma inercia, se mira hacia otra parte —particularmente para Madrid— sería una prueba de irresponsabilidad política. Y, en todo caso, bueno sería que se exigiese por ley que todas las autonomías se fuesen dotando de forma gradual de fondo tan solidario como funcional, si se tiene además en cuenta que el principal obstáculo para reducir el excesivo déficit público actual del conjunto de las Administraciones españolas no radica en el Gobierno central sino en la situación financiera de buena parte de las haciendas autonómicas.
