No es fácil imaginarse la desesperación que ha de sentir un padre de familia cuando abandona su casa porque no puede pagarla y, pese a entregarla a la entidad bancaria, ha de continuar abonando la hipoteca.

Estos días estamos viendo imágenes en los medios de comunicación, en las que aparecen afectados por estos de-salojos, parapetándose en las viviendas en un intento vano por evitar lo inevitable: un desalojo, también es cierto, que se produce porque, en muchos casos, no supieron calcular sus compromisos. Pero no nos parece justo que esas familias que no han podido hacer frente al pago de sus hipotecas no puedan saldar su cuenta con la simple entrega de la casa. Eso que los expertos llaman Dación y que es algo que numerosas asociaciones ciudadanas, con el apoyo de los sindicatos CC OO y UGT, intentan conseguir con la recogida de firmas –necesitan más de 500.000– que permita la presentación en el Parlamento español de una Iniciativa Legislativa Popular encaminada a conseguir la mencionada Dación

El Gobierno, al parecer, no está por la labor porque, al parecer también, el momento económico exige mucha prudencia en relación con medidas que puedan poner en peligro la salud de los bancos que, lógicamente, se oponen a ello, cuando son los culpables de las angustias que muchos están viviendo. Porque no podemos olvidar que la crisis financiera se inició en Estados Unidos alrededor de las hipotecas basura. Esas que permitieron que millones de ciudadanos pudieran acceder a una casa con la única garantía de la propia vivienda, cuando la mayoría de ellos –como también ocurrió en España– ni siquiera tenían un trabajo fijo.

En nuestro país, por el contrario, el receptor del préstamo hipotecario no responde solo con la vivienda, sino con todos sus bienes. Es decir, aunque parezca injusto, que lo es, legalmente el ciudadano que se ve en esta situación, no solo ha de entregar el piso, sino que además debe continuar pagándolo aunque ya esté en las manos de la entidad bancaria de turno. El usuario es castigado, pero el banco se va de rositas cuando las entidades bancarias sortearon las normas legales que prohíben prestar más de un 80 por ciento del valor de tasación de una casa –muchas ofrecían a los clientes el 120 por ciento del valor de la misma– haciendo la vista gorda las tasadoras que, normalmente, son propiedad de los bancos.

La vicepresidenta Económica del Gobierno, Elena Salgado, ha manifestado al respeto que «no es en absoluto el momento de plantear la Dación en pago». Suponemos que lleva razón, pero celebramos que esté en marcha la ILP que permita poner coto a los abusos de los más fuertes, los que nos han llevado donde estamos.