A partir del 7 de marzo, el límite de velocidad en autovías y autopistas en España pasará de 120 km/h a 110 km/h, uno de los más bajos de la Unión Europea. Cualquier ingenuo podría pensar que el Gobierno ha adoptado esta medida por algo relacionado con la seguridad vial, pero qué va. En declaraciones posteriores al Consejo de Ministros, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmaba que «lo que pretendemos es ahorrar petróleo», ya que el precio de éste ha subido considerablemente en las últimas semanas debido a las revueltas en los países productores. Según sus palabras, esta medida ayudará a reducir el consumo de gasolina en un 15% y un 11% en gasóleo, aunque dicho cálculo ha sorprendido a algunos técnicos, que sitúan el ahorro real en torno al 3%. Por otra parte, la medida afectará sólo a los turismos que circulen en autopista y autovías, que suelen absorber el 60% del tráfico rodado en España. Sin embargo, tenemos que estar contentos; si hay algo que ha quedado claro con la aprobación de esta medida es que, cuando les interesa, los Gobiernos son capaces de sacar una ley en cuestión de minutos.

Desde hace ya varios años, este Gobierno ha decidido tomar las medidas más fáciles, exprimiendo para ello a los ciudadanos. A finales de 2010, FACUA-Consumidores en Acción solicitaba a la Comisión Nacional de la Competencia que abriese una investigación sobre el sector de las gasolinas ante el hecho de que los precios que se aplican en España están en la actualidad hasta un 7% por encima de la media de la Unión Europea; un 7,1% por encima de la media de los veintisiete países de la UE en la gasolina de 95 octanos antes de impuestos y 5,8% en el gasóleo, según refleja el último boletín petrolero de la dirección general de la Energía de la Comisión Europea. La asociación denuncia además que la ausencia de un precio máximo fijado por el Gobierno, sistema que se abandonó a finales de los 90, sólo trae consecuencias negativas para los usuarios, como ocurre con el resto de sectores liberalizados en España, donde la competencia prácticamente brilla por su ausencia. ¿Ha hecho algo el Gobierno en este sentido? Me temo que no, por eso los números se explican por sí solos.

Hace unos días se publicaba en prensa que la petrolera Repsol ha tenido un beneficio neto de 4.693 millones de euros en 2010, lo que supone triplicar los beneficios de 2009. Por su parte, el beneficio neto ajustado de Cepsa subió en 2010 un 55% hasta los 418,1 millones de euros. ¿Es a esto a lo que se refiere Zapatero con economía sostenible? ¿Sostenible para quién? Es más, si esta medida es tan loable, tal vez el señor Rubalcaba debería explicarnos si las subidas de la gasolina que sufrimos los españoles todas las Semanas Santa son también debidas a que hay revueltas en los países productores.

Pero, aparte de estos datos, el hecho de que un Gobierno interfiera en una decisión que pertenece al ámbito privado del individuo —como es decidir ahorrar o gastar, ya que es el propio individuo el que paga— es un acto que vulnera gravemente las libertades de los ciudadanos. Un Gobierno puede legislar unas normas para mejorar la convivencia, el tráfico o cualquier otro aspecto, pero no puede hacer que esas normas busquen interferir en las decisiones personales, como obligarnos a ahorrar, a cantar o a ser felices, porque esa es una característica típica de las dictaduras, no de las democracias.