Autoridades

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha planteado la necesidad de alcanzar un pacto nacional entre partidos políticos sobre educación. Seguramente todos estamos de acuerdo en la necesidad de tal pacto, pero al mismo tiempo, también estaremos de acuerdo en la dificultad del mismo. Una dificultad que deriva de posiciones enrocadas por parte de la derecha (cuando se enroca se convierte en 'ultra'), aferrada a valores monolíticos, en cuanto que no admite la diversidad, y predemocráticos, en cuanto que sólo asume el principio de libertad para la imposición de su ideario. Así, difícilmente se puede llegar a acuerdo alguno. Pero no perdamos la esperanza, lo necesario a veces también es posible. Y ya que estamos en el punto de la esperanza, pasemos al nombre propio, puesto que ha sido Esperanza Aguirre quien ha puesto el debate en los medios de comunicación con su anuncio de convertir al profesorado de su Comunidad en autoridad. Ahí es nada. No me cabe duda de que en la Comunidad de Madrid existen necesidades más urgentes y perentorias que ésta; se me ocurre, por ejemplo, el incremento de plantillas, una mayor atención a la calidad de la docencia, la reducción del número de alumnos por aula, una mejor dotación de medios a los centros, etc. Claro que, en realidad, yo desconozco la situación de la Comunidad de Madrid en lo que a la educación se refiere, por lo que es muy probable que me esté dejando llevar por la situación, que sí conozco, de la Comunidad de Murcia.

En el anuncio de Esperanza Aguirre, a priori, podemos detectar dos componentes. Uno, el afán de protagonismo de la presidenta, adelantándose a las conversaciones previas al posible pacto sobre educación. Otra, el populismo implícito en la medida que anuncia. Porque lo que Aguirre propone, ya está reconocido en sentencias emitidas por tribunales, pues parece evidente que, en algún sentido que se podría precisar, en la medida en que todo funcionario es un representante del Estado, es una 'autoridad'.

El problema, donde lo haya, porque, hay que decirlo, no estamos ante un problema generalizado (no todos los jóvenes, ni siquiera la mayoría, son maleducados, groseros y violentos), el problema no es la falta de autoridad sino la falta de respeto a la autoridad. Dicho de otra manera, lo que faltaría sería autoridad moral, no autoridad legal. Sin el reconocimiento de la primera, la moral, la segunda, la legal, sólo sirve para generar represión y violencia. ¿Es eso lo que pretendemos de los docentes?

Precisamente lo que falta es educación. Al docente, el Estado le confía la tarea más importante, la de enseñar educando o la de educar enseñando. Pero en realidad, la educación es sólo a medias una tarea del docente; no lo es, en absoluto, en modo exclusivo, pues en ese caso los padres no tendrían la obligación de educar. Y la tienen. De hecho y de derecho, la tarea de la educación recae en los padres. El docente contribuye a esa educación, la completa, la refuerza, pero no es su función asumirla en solitario. Un niño maleducado lo es porque en su casa no ha recibido la educación debida.

La falta de educación o la mala educación tiene siempre, por tanto, como primera causa, una dejación de su obligación por parte de los padres. Es más cómodo no educar, porque no siempre se tiene el tiempo o las energías para dedicar a los hijos la atención que merecen; es más fácil colocar a los hijos delante del televisor o de los videojuegos, para que no molesten. Por otra parte, en nuestro país, ha habido una mala digestión del igualitarismo democrático, eso hace que se suela confundir la igualdad de derechos del individuo con la equiparación de funciones y la ausencia de grados de responsabilidad. Por añadidura, los lamentos por la decadencia de valores pasados sólo sirven para que la gran impostura del autoritarismo permanezca. Frente a ello, eduquemos a nuestros menores, en los hogares y en las escuelas, en la libertad y en el respeto hacia sí mismos y hacia los demás.